El Consejo de la Judicatura presentó ayer los resultados oficiales de la auditoría, realizada por el despacho contable López Lara, a las finanzas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el periodo de enero de 2008 a junio de 2010.

De acuerdo con los resultados hechos públicos de manera parcial, se detectaron irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, al menos ocho empresas presuntamente fantasmas o micro comercios cuya capacidad es insuficiente para atender cualquier pedido de la institución, sobre costos de hasta 600% e incumplimiento de la normatividad administrativa de operación y ejercicio del erario y la respectiva comprobación de gasto. La auditoría realizada por el despacho contable tuvo un costo aproximado de 300 mil pesos.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel Falcón Vega, dijo que los resultados de la auditoría muestran elementos objetivos sobre el irregular manejo de las finanzas de la institución en los últimos dos años y medio de gestión de Ricardo Rosas Pérez.

Rechazó señalar directamente como responsable de la presunta malversación de recursos al ex presidente del TSJ, pues dijo que habrán de realizarse las investigaciones necesarias para determinar si la red de corrupción y complicidad al interior de la institución tuvo su origen en altos funcionarios o en mandos inferiores.

“Se investigará si todo esto venía del primer nivel hacía abajo o del tercer nivel hacia arriba”, dijo Falcón Vega, al señalar que el Consejo de la Judicatura determinará en los próximos días iniciar procedimientos administrativos y hasta una denuncia penal por los hechos presuntamente constitutivos de un delito.

Afirmó que serán sujetas a investigación todas aquellas personas, incluye ex colaboradores del ex presidente y personal que aún labora en la institución, que pudieran estar relacionadas con la contratación y pago de bienes y servicios.

Falcón Vega insistió en que la auditoría realizada por el despacho contable López Lara no es una revancha contra Ricardo Rosas Pérez, pues lo que tenemos son “elementos objetivos, quien realizó la auditoría es ajeno a los poderes (…) No se trata de ninguna revancha ni de ninguna otra situación”.

Cabe destacar que el Consejo de la Judicatura analizará si la auditoría se extiende a toda la administración de Rosas Pérez, quien asumió la presidencia del TSJ por primera vez en mayo de 2004.

Dudas sobre auditorías oficiales

Derivado de los resultados revelados, surgieron dudas entre miembros del Consejo de la Judicatura y abogados sobre la credibilidad de las auditorías practicadas al Tribunal Superior de Justicia por la Auditoría Superior de Fiscalización a cargo de Gerardo Casamata Gómez.

El consejero Antonio Tallabs Ortega expresó que durante la administración de Rosas Pérez nunca se le permitió el acceso a los informes financieros y se le restringió todo tipo de información.

Expresó que en los registros contables “todo cuadraba” pero con la auditoría externa, que se encargó de verificar los registros no sólo en documentación sino a través de inspecciones, se descubrieron irregularidades que de manera sospechosa nunca fueron detectadas por el órgano fiscalizador, lo que pone en entredicho la credibilidad de sus revisiones a las cuentas públicas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, afirmó que los consejeros de la judicatura tienen la obligación de acudir al Ministerio Público a iniciar una denuncia penal no sólo en contra de los presuntos responsables de mal uso de los recursos públicos sino contra del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización por posible encubrimiento.

El líder de los penalistas opinó que el Consejo de la Judicatura debe ordenar la revisión de las finanzas del TSJ de toda la administración de Ricardo Rosas Pérez.