Buscan inhabilitarlo para ocupar otros cargos:

Lo acusan de desviar 120 millones de pesos destinados al Impepac y a la Fiscalía.

El gobierno del estado presentó este viernes una demanda de juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y de quienes fueran sus secretarios de Hacienda Adriana Flores Garza y Jorge Michel Luna, por presuntas irregularidades en el manejo de presupuesto.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado acudió por la tarde de ayer al Congreso local a entregar la documentación, mediante la que promueven dicho recurso para fincar responsabilidad al exmandatario y a sus excolaboradores.

Mencionó que de acuerdo con los elementos probatorios que obtuvo la actual administración, el exgobernador fue comunicado de los actos y omisiones que pueden dar lugar a diferentes responsabilidades.

Básicamente la denuncia obedece a la falta de entrega de recursos públicos a dos organismos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018.

El abogado señaló que los recursos -que suman alrededor de 120 millones de pesos- estaban etiquetados en el referido presupuesto, pero no fueron suministrados, lo cual impidió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.

A decir de Samuel Sotelo, los juicios políticos no solo tienen efecto para separar del cargo a servidores públicos, sino también los inhabilitan para ocupar otros cargos.

Además, podría dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa y hasta penal, “pero esos son aspectos que tendrán que verse en otras instancias, aquí es el de carácter político, la ley establece que se cuenta con un año, incluso después de haberse separado del cargo el funcionario, para que pueda procederse y estamos cumpliendo dentro del plazo” agregó.

A decir del consejero, se aportaron pruebas documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes y que se han ido integrando en un expediente, que dieron lugar a la demanda de juicio político formulada ante el Poder Legislativo.