En entrevista, el representante del TSJ y CJ, Miguel Ángel Falcón Vega, expresó que están en elaboración los proyectos ejecutivos de las obras que se pretenden realizar a partir del mes de marzo en los distritos judiciales, donde en el 2012 entrará en vigor el sistema de justicia adversarial acusatorio.
Detalló que existen dos proyectos: el primero, y el más optimista, contempla la construcción de los edificios de la Ciudad Judicial en los municipios de Jojutla y Yautepec, para lo cual se necesitan aproximadamente 130 millones de pesos; el segundo, y menos halagüeño, es generar la infraestructura mínima indispensable para el sistema de juicios orales con una inversión aproximada de 40 millones de pesos.
Sostuvo que en este momento se dispone sólo de seis millones de pesos para generar infraestructura, por lo cual la institución busca fuentes alternativas de financiamiento.
Las opciones de financiamiento contempladas son solicitar un empréstito a una institución bancaria con intereses blandos o, con base en la Ley de Contratos de Colaboración Pública Privada, establecer un convenio con organizaciones como Management Systems International (MSI), contrista del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID México, para que financien el proyecto y el Poder Judicial liquide el adeudo en un plazo entre 15 y 30 años.
Para ambas opciones, el TSJ a través del Consejo de la Judicatura tiene que requerir al Congreso de Morelos la autorización para adquirir la deuda a largo plazo.
Falcón Vega expresó que en breve estará concluida la etapa administrativa de los proyectos planteados y la institución estará en condiciones de presentar formalmente la solicitud al Poder Legislativo para que autorice al TSJ contraer deuda pública.
Política
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Analiza el Poder Judicial contraer deuda para aplicar la tercer etapa de juicios orales
Se requieren por lo menos 40 millones para generar la infraestructura mínima indispensable en Jojutla y Yautepec.
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura analizan solicitar al Congreso del Estado autorización para contraer deuda pública para construir la infraestructura necesaria para la implementación de la tercera y última etapa del sistema oral de justicia penal.
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