En tanto, el actual presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, negó que haya un interés político o de revancha en contra de Rosas Pérez, quien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

El ex líder de los penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, manifestó que la orden de comparecencia es “un trámite normal” porque el Ministerio Público tiene la facultad de requerir a los implicados en las indagatorias para que precisen o complementen datos basados en su declaración previa, y en caso de que sus llamados sean ignorados, puede girar la orden de presentación o comparecencia.

Explicó que en este caso Rosas Pérez omitió los requerimientos del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la procuraduría estatal –que tiene a su cargo la carpeta de investigación ASP/25/2010- y por ello se giró la orden.

Sotelo Salgado –uno de los promoventes de la carpeta de investigación- dijo que la indagatoria “está tierna” todavía, pues el Ministerio Público aún no determina si hay o no elementos constitutivos de delito y los posibles responsables. Esto, sostuvo, todavía llevará dos o tres meses más, y aparte falta que la procuraduría consigne el caso ante un juez y éste a su vez determine si procede o no girar orden de aprehensión.

El litigante indicó que la orden de comparecencia es señal de que avanza la indagatoria, pero todavía hay que esperar. A pregunta expresa de si el asunto es una persecución política –como lo manifestó el ex magistrado Rosas Pérez en una entrevista radiofónica-, Sotelo Salgado afirmó que este caso es netamente jurídico, pues “nosotros en su momento consideramos que había elementos para hacer que se iniciara una investigación”.

El 2 de abril de 2010 líderes del Foro Morelense de Abogados –integrado por varias organizaciones- presentaron ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la procuraduría estatal la denuncia de hechos ASP/25/2010 en contra de Rosas Pérez por la presunta comisión de los delitos de obstrucción de la justicia, delitos en contra de la administración de justicia, delitos cometidos por servidores públicos, peculado y falsedad de declaraciones.

Además de la indagatoria local, el ex presidente del TSJ enfrenta otra denuncia más en la Procuraduría General de la República bajo el expediente PGR/MOR/CUP/428/2/2010, promovida el 27 de mayo de 2010 por seis magistrados y un consejero de la Judicatura, presuntamente por haber violado la resolución de la SCJN que validó la reforma al artículo 89 de la Constitución estatal, que establece que el presidente del TSJ podrá reelegirse sólo una ocasión, así como la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos, contra la administración pública y falsedad de información a una autoridad federal.

Lo anterior luego de que el 17 de mayo de 2010, en una atropellada sesión de pleno, Rosas Pérez se reeligió por tercera ocasión como presidente del TSJ con el apoyo de los magistrados Virginia Popoca González, Rocío Bahena, Nadia Lara Chávez y Ezequiel Honorato Valdez, quienes también fueron acusados de supuestamente violar la resolución del alto tribunal.

Rosas Pérez, inocente hasta que se demuestre lo contrario: TSJ

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, informó que la contraloría interna del Consejo de la Judicatura finaliza el dictamen que sustentará la denuncia de hechos contra quien resulte responsable, que en breve promoverá el Consejo de la Judicatura por el manejo irregular de más de 13 millones de pesos en los últimos 30 meses de la administración de Ricardo Rosas Pérez.

El pasado 16 de noviembre, el Consejo de la Judicatura presentó públicamente los resultados oficiales de la auditoría realizada por el despacho contable López Lara a las finanzas del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con los resultados hechos públicos de manera parcial, se detectaron irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, al menos ocho empresas presuntamente fantasmas o microcomercios cuya capacidad es insuficiente para atender cualquier pedido de la institución, sobre costos de hasta 600% e incumplimiento de la normatividad administrativa de operación y ejercicio del erario y la respectiva comprobación de gasto.

Cuestionado sobre cuándo se presentará esta denuncia de hechos y si es una revancha o venganza política contra su antecesor, el titular del TSJ afirmó que esto podría ocurrir en una semana y sostuvo que esto es una cuestión netamente jurídica sin afán político e insistió que la denuncia no estará dirigida hacia una persona sino contra quien resulte responsable de la presunta comisión de un delito, pues “sí hubo aparentemente un enriquecimiento sin causa pero no sabemos quién haya sido”.

Incluso afirmó que el ex magistrado Rosas Pérez “en este momento para mí es una persona honesta y debemos de recordar el principio de presunción de inocencia: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, (y) en este momento a él no se le ha demostrado lo contrario y es en este sentido es un persona honesta. Yo no podría decir lo contrario”.