La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (SEIDO-FGR) fue quien presentó al Congreso de la Unión la solicitud de declaratoria de procedencia contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, con el fin de que sea separado de su cargo y “para proceder penalmente” ante un supuesto cúmulo de denuncias en su contra.

Luego de que el diputado y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Ignacio Mier Velazco, anunció la noche del martes la recepción de la solicitud y que se turnaría a la sección instructora para que se analice y resuelva conforme a derecho, se dio a conocer que la petición fue formulada por Monserrat Marilú Reyes González, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO-FGR.

De acuerdo con el único fragmento del documento que ha sido difundido, la petición de la agente del Ministerio Público se fundamentó en el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución federal, que establece que “no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.

También fundamentó la solicitud en el artículo 111 constitucional, que prevé que “para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

“Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley (…).

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Además, estableció como necesaria la separación del cargo de fiscal para que, conforme establecen los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para que Uriel Carmona comparezca ante autoridad judicial, sea imputado y se apliquen las medidas cautelares.

De acuerdo con la agente del Ministerio Público federal, la solicitud de procedencia contra el fiscal morelense se realizó “en función a investigaciones realizadas a partir de denuncias presentadas”, sin embargo, se mantiene en sigilo cuáles son las presuntas conductas ilícitas que se le atribuyen a Carmona Gándara.

Desde que se dio conocer de la solicitud de declaratoria de procedencia, a través del área de comunicación social se solicitó la opinión de la FGE y su titular, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

De igual forma se consultaron a varios litigantes y se requirió información a la Cámara de Diputados federal, pero tampoco hubo respuesta.