Rosete Flores asegura que nueve superaron el tiempo para el que fueron nombrados; también ataca con un amparo indirecto la convocatoria para elegir a seis juzgadores.
Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de una de las facciones en que se ha dividido la Barra de Abogados del Estado de Morelos, exigió una revisión jurídica integral a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que al menos nueve de los 14 magistrados en funciones no habrían sido ratificados por el Congreso local y sus periodos habrían fenecido. En respuesta, algunos magistrados aludidos refutaron el planteamiento del líder barrista.
En rueda de prensa, Rosete Flores informó que envió un oficio al Congreso para la revisión de los nombramientos de los magistrados y promovió un juicio de amparo indirecto donde, además de cuestionar la permanencia de los juzgadores de segunda instancia, impugnó la convocatoria para la designación de cuatro magistrados del TSJ y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Aseguró que, si bien en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en la acción de inconstitucionalidad 20/2017 para validar el periodo único de 14 años en el cargo de los magistrados y que eliminó el proceso de evaluación y ratificación, el Congreso local no emitió ningún acuerdo o decreto modificatorio para dar sustento legal a las designaciones de los magistrados, en virtud de la sentencia del tribunal constitucional.
De acuerdo con el análisis del líder barrista, Juan Emilio Elizalde, Elda Flores León, Carmen Aquino Celis, Jorge Gamboa Olea, Bertha Rendón Montealegre y Manuel Díaz Carvajal ya concluyeron su primer periodo de seis años y, conforme a las condiciones legales de su designación original, debieron ser sujetos de evaluación y ratificación o, en su caso, el Poder Legislativo debió emitir un nuevo decreto basado en la resolución de la SCJN de julio del año pasado, para dar respaldo jurídico a las y los magistrados, pero eso no ocurrió.
También refutó la permanencia en el cargo del magistrado, Andrés Hipólito Prieto, quien ejerce jurisdicción desde mayo del año 2000, en virtud de que en 2009 ganó un amparo, cuya ejecutoria quedó firme y no le fue aplicable la reforma constitucional de julio de 2008 relativa al Poder Judicial, por lo que conservó la inamovilidad en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad.
Sin embargo, Rosete Flores alegó que el magistrado lleva más de 20 años en el cargo, y no sólo la inamovilidad ya no existe sino que excedió el periodo único de 14 años validado por la SCJN.
También objetó la permanencia en el cargo de Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, quienes antes de ser magistrados del TSJ ocuparon magistraturas en el extinto Tribunal Contencioso Administrativo (hoy Tribunal de Justicias Administrativa) y Tribunal Estatal Electoral. El primero, ejerció como magistrado administrativo tres años y, el segundo ocho años como magistrado electoral.
El litigante barrista consideró que no es dable mantenerse en el ejercicio jurisdiccional por encima de los periodos legales, con el argumento de pertenecer a uno y luego a otros tribunales. En el caso de Norberto Calderón Ocampo, señaló que también su cargo estaría por fenecer, ya que también su nombramiento original como magistrado supernumerario tampoco ha sido modificado.
Por ello, dijo que envió un oficio al Congreso local y promovió un juicio de amparo para impugnar la permanencia de los funcionarios judiciales y la convocatoria para designar a seis nuevos magistrados.
“Esta es una afectación grave a los morelenses, porque está en riesgo la seguridad y la certeza jurídica. Los actos pudieran estar llenos de nulidad por esta cuestión de nulidad”, por ello, “el día de ayer presentamos al Congreso un escrito informándoles, por si lo desconocían, la situación que prevalece en el TSJ y, de la misma forma, de manera responsable, presentamos un amparo indirecto contra la presentación de la convocatoria por estar plagada de ilegalidad y de nulidad. Creo que hoy es momento para renovar el TSJ en beneficio de las y los morelenses”.
MAGISTRADOS RESPONDEN
Para los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles y Jorge Gamboa Olea la postura del líder de la Barra de Abogados es cuestionable, infundada y sin sustento jurídico, ya que existen criterios legales que sustentan sus cargos.
Arenas Ángeles, recordó que ha sido un férreo defensor de que se respete la Constitución y estuvo en contra de la ampliación del periodo de los magistrados, además de que no existe disposición normativa que prohíba ser magistrado del TSJ por haber ejercido el mismo cargo en otro tribunal.
“Si aplicáramos el criterio del abogado Rosete equivaldría a aseverar que ninguna diputada o diputado local puede ser para el siguiente periodo diputado federal, porque ya fue diputado local. Es incorrecta su aseveración”, dijo.
Incluso, recordó que específicamente su caso ya fue revisado en tribunales federales y la resolución fue que, el tiempo ejercido en otro tribunal, no se computa con el periodo del cargo que actualmente ostenta en el TSJ.
Consideró que las afirmaciones de Rosete Flores están fuera de contexto y plagadas de desconocimiento, ya que existen resoluciones judiciales federales y hasta en la SCJN que validan sus nombramientos y los periodos de sus encargos.
También el magistrado aludido, Jorge Gamboa Olea, lamentó que se pretenda desestabilizar al Poder Judicial y consideró que la declaración del litigante está plagada de desconocimiento legal, pues sus cargos no solo se sustentan en criterios emitidos por la Corte, sino que es aplicable la “afirmativa ficta”, que significa que al no haber sido sujetos a evaluación y ratificación –cuyo proceso fue eliminado del marco legal y validado por la SCJN- su encargo sigue vigente, y no existe ningún riesgo tanto para el ejercicio de sus funciones como para la resoluciones emitidas.
