La empresa Dumago Systems deberá responder por los daños ocasionados al erario federal junto con cinco funcionarios.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción impuesta a la empresa Dumago Systems, por haber recibido indebidamente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) más de 33 millones de pesos, dentro de la trama de operaciones ilegales conocida como “Las Estafa Maestra”.

Por unanimidad, el Pleno del TFJA ratificó la sanción impuesta por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) a la empresa, que deberá responder de manera mancomunada y solidaria por los daños ocasionados al erario federal junto con cinco funcionarios.

Es decir, el consorcio Dumago Systems, que se dedicaba al comercio al por menor de computadoras y fue contratada para la distribución de despensas, deberá de resarcir el daño junto con Humberto René Islas Cortés y Enrique Prado Ordóñez, quienes en 2013 –cuando se desarrolló el entramado financiero- se desempeñaban como director de Recursos Materiales y ex director de Adquisiciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez; el ex apoderado legal Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y el ex director de Proyectos Especiales de la misma casa de estudios, Wistano Luis Orozco García.

En el proyecto de sentencia expuesto por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas se estableció que este caso está vinculado al esquema de operaciones irregularidades conocido como “La Estafa Maestra]”, donde la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, contrató servicios con universidades estatales, aprovechando que a las instituciones educativas  de nivel superior no se les aplicaban las reglas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, en este entramado financiero las universidades, para cumplir con las obligaciones pactadas, indebidamente subcontrataron a terceras empresas, quienes prestaban servicios peculiarmente de forma rápida, con fechas de entrega contradictorias, sin evidencia del cumplimiento de los servicios y que, una vez que se les pagaba, desparecían.

En la sentencia, se estableció que “la ASF consideró que la actora (Dumago Systems) también causó daño a la hacienda pública federal al haber figurado como la empresa que supuestamente proveyó los servicios pactados entre la Universidad del Estado de Morelos y la Sedesol, cuando en los hechos la demandante nunca demostró que hubiera proporcionado dichos servicios. En cambio, quedó acreditado que la universidad (UAEM) le pagó injustificadamente más de 33 millones de pesos por servicios irregulares”.