El magistrado Rubén Jasso Díaz dijo que debe prevalecer total transparencia en el manejo del presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia y del mismo Fondo Auxiliar, pero no a costa de la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Indicó que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las facultades del Congreso y su órgano fiscalizador en la supervisión del erario público etiquetado para el Tribunal Superior de Justicia y hace acotaciones respecto a los recursos que no son parte del presupuesto de la institución.

Indicó que probablemente -antes de la emisión del Congreso de la Ley del Fondo Auxiliar- “hubo falta de comunicación y que se platicar con gente conoce del tema”.

Insistió en que debe existir transparencia y supervisión en el manejo del fondo pero a través de los mecanismos legales adecuados. “Creo que debe haber una ley en la cual el Poder Judicial pueda dar su autorización para fiscalizar el Fondo Auxiliar y no por imposición de otro Poder”, dijo.

De igual forma, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles expresó que existe confusión en torno al planteamiento de la controversia constitucional, pues no se está combatiendo toda la ley sino algunos artículos en los que se obliga al Tribunal Superior de Justicia a que rinda cuentas ante el Poder Legislativo.

Explicó que se trastoca la autonomía del Poder Judicial al establecer en este tema una dependencia, subordinación e intromisión en la esfera de competencia.

“No hay oposición a la transparencia. Parte de la lucha fue transparentar el uso y no permitir el abuso de los recursos”, dijo.

Expresó que en esta controversia lo que se dirime es si es constitucional o no la rendición de cuentas en los términos que se plantea en la Ley del Fondo Auxiliar, si procede o no la creación de un Comité Técnico de Administración y el nombramiento de un secretario técnico con cargo a las finanzas del Fondo y si los recursos recaudados en el Fondo pueden convertirse o no en recursos públicos.

Lo anterior tomando en cuenta que el Fondo Auxiliar se nutre del monto de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional o para obtener los beneficios de la libertad preparatoria y la condena condicional; las multas, muebles y valores depositados que por cualquier causa impongan el Tribunal Superior de Justicia y los jueces; los intereses que se generen por las inversiones de los depósitos en dinero o valores que se efectúen ante los tribunales judiciales; los ingresos que genera el Boletín Judicial y el Instituto Técnico, la expedición de copias certificadas o autorizadas; las cantidades que sean cubiertas con motivo de la sustitución o conmutación de sanciones; las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; y otros ingresos que por cualquier título obtenga el Poder Judicial.

En tanto, la magistrada y consejera de la Judicatura María del Carmen Verónica Cuevas respaldó la determinación del presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, con respecto a la promoción de la controversia constitucional y coincidió con sus homólogos en que hay disposición a la transparencia; de manera que incluso la calificación otorgada por el IMIPE a la institución subió de 5 a 9.