El exrector de la UAEM no se presentó a una audiencia de formulación de imputación del presunto delito de peculado; defensa argumenta problema en la notificación.

Una juez de control declaró prófugo de la justicia al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Alejandro Vera Jiménez, por no presentarse a una audiencia de formulación de imputación. En tanto, la defensa del ex jefe universitario aseguró que la ausencia obedeció solo a un problema con la notificación sobre la audiencia.

La audiencia fue convocada para imputar a Vera Jiménez el presunto delito de peculado. Sin embargo, ante su ausencia y a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la juez de control Nancy Aguilar Tovar resolvió declararlo sustraído de la acción de la justicia e instruyó a la fiscalía indagar su domicilio para ordenar su comparecencia por la fuerza pública.

Al respecto, la defensa legal del ex rector informó que desafortunadamente Vera Jiménez no pudo comparecer porque hubo algunos inconvenientes para notificarle de la audiencia, sin embargo, “se va a señalar una nueva fecha en la cual estaremos viendo la posibilidad de que ya comparezca y queda sin efecto la determinación de la juez”.

La audiencia fue suspendida debido a la ausencia de uno de los dos indiciados, ya que también fue emplazado el ex tesorero de la UAEM, Eduardo Sotelo Nava, en calidad de coimputado.

El caso tuvo su origen en la carpeta de investigación JC/860/2017, que en 2016 promovió la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (Esaf), entonces dirigida por Vicente Loredo Méndez, quien renunció al cargo el 30 de noviembre de 2018 en medio de fuertes cuestionamientos a su labor, y acusaciones de los actuales diputados de supuesta manipulación y ocultamiento de información financiera.

En dicha denuncia, se acusó el presunto desvío de 600 millones de pesos, que habrían sido adquiridos por el UAEM por medio de un crédito contratado con el Banco Interacciones, sin previa autorización del Congreso local.

La FECC insiste en afirmar que obtuvo indicios suficientes del presunto desvío de 450 millones, que fueron utilizaron como garantía del crédito con el Banco Interacciones, pese a que estaban etiquetados para salarios y servicios generales y que aparentemente se usaron para realizar obras.