Impugnan decretos de jubilación aprobados por el Congreso local.

Las pensiones de retiro de burócratas han puesto en predicamento financiero al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que han recurrido los decretos de jubilación aprobados por el Congreso local ante los juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como ocurrió durante la gestión de la ex magistrada Carmen Cuevas López, el actual titular del Tribunal Superior Justicia y representante del Poder Judicial, Rubén Jasso Díaz, ha tenido que recurrir a las controversias constitucionales para reclamar presupuesto al Congreso para el pago de nuevas jubilaciones.

En lo que va del 2021, el TSJ ha promovido poco más de 20 controversias constitucionales contra el Congreso local, por la aprobación de decretos pensionarios sique no están acompañados de recursos para el pago de las jubilaciones de trabajares judiciales.

La FGE también ha presentado, de acuerdo con las listas de acuerdos de Poder Judicial de la Federación, por lo menos cuatro juicios de amparo para recurrir las pensiones autorizadas por decreto por el Poder Legislativo.

También el Impepac presentó ante la SCJN la controversia constitucional 75/2021 contra la aprobación del decreto de jubilación por invalidez 1095, en el que un trabajador del instituto fue pensionado al 59 por ciento de su último salario.

Las tres instituciones han requerido tanto al Congreso como la Poder Ejecutivo ampliaciones presupuestales para hacer frente a sus obligaciones laborales.