Necesario revisar nombramiento en FGE: Foro Morelense de Abogados.
Mientras el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que seguirá en funciones y que agotará en su defensa todos los medios legales, el Foro Morelense de Abogados solicitó revisar los nombramientos realizados a partir de la designación de fiscal en febrero de 2018, y la Comisión Estatal de Seguridad criticó la baja eficiencia de los agentes del Ministerio Público.
Luego de que el Cámara de Diputados federal avaló el dictamen de la Sección Instructora sobre que el fiscal de Morelos no cuenta con fuero federal ni fuero local y puede ser procesado penalmente, en rueda de prensa virtual, Carmona Gándara insistió en que la resolución del Congreso federal “es frontalmente contraria” y violatoria de la suspensión definitiva que le fue concedida por un juzgado federal, para efecto de que no se emitirá ningún pronunciamiento por parte del Poder Legislativo sobre el juicio de procedencia solicitado en su contra por el Fiscalía General dela República (FGR).
Reconoció que efectivamente existe el riesgo de que, en cualquier momento, la FGR pueda ejecutar en su contra una orden de aprehensión o formularle imputación, pero se prepara legalmente para lo que pueda ocurrir, ya que la fiscalía federal –según la solicitud de procedencia- lo acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, por no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación y por la realización de nombramientos en la FGE.
“No hemos incurrido en ningún delito, la posibilidad (de ser detenido o imputado) por supuesto que existe, pero sepan ustedes claramente, que no hay nada de qué avergonzarse, el fiscal es una persona seria y, si eso ocurre, pues entonces me convertiré en un preso político”, aseguró al señalar que la causa en su contra no es legal sino política, ya que al momento de su designación la ley no exigía que contase con los exámenes de control de confianza, lo cuales sí realizó posterior a su nombramiento por el Congreso de Morelos.
Lamentó que las fricciones políticas hayan escalado de tal manera al ámbito nacional “y yo creo que el estado de Morelos se ve mal con este tipo de cosas, porque cuando a las autoridades se nos percibe como adversarias, eso solo lo capitaliza la delincuencia y eso puede generar ingobernabilidad”.
Recalcó que no piensa renunciar ni solicitar licencia al cargo y, sin distraer recursos de la FGE, continuará con su defensa jurídica ante los diversos escenarios e insistió que el asunto culminará resolviéndose en los tribunales federales y probablemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Revisión de nombramientos y deficiencia del MP
Mientras tanto, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, exigió una revisión a los nombramiento realizados por Carmona Gándara luego de su designación, ya que probablemente los funcionarios elegidos tampoco contaban con las evaluaciones que exige la ley a los integrantes de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública y se podría estar en la hipótesis de la posible comisión de un delito.
“Por ello, el Foro Morelense de Abogados pide que se lleve a cabo, se realice una revisión de las designaciones del Ministerio Público que ha realizado Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado, para descartar que se encuentran en la misma hipótesis delictiva.
“Esto es, que no cuenten con los exámenes de control y confianza (sic) al momento de ser designados, ya que es un requisito indispensable”, dijo, al señalar que no solo es legamente viable sino que sería sano llevar a cabo la revisión de esos nombramientos.
De acuerdo con la FGR, los nombramientos que fueron puestos en tela de juicio son el de Juan Salazar Núñez, titular de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Héctor David Pérez Avilés, Fiscal Regional Zona Sur-Poniente; José Alejandro Chávez, Fiscal Regional zona Oriente; Zaira Janet Lulo Juan, ex Fiscal Especial en Desaparición Forzada de Personas; Norma Angélica Toledo Camacho, Fiscal Especializado en representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social; y Angélica Danae Velázquez Luna, ex Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General, quienes en el momento de su designación no habrían estado certificados y registrados en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Poe su lado y en torno al desempeño del Ministerio Público de la FGE, el titular de la Comisión de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, criticó severamente su eficiencia, ya que ocho de cada diez detenidos por la Policía por la presunta comisión de delitos son dejados en libertad.
“Yo creo que hay un 20 por ciento nada más de eficiencia, de 10 ocho se vez van, y esa parte está clara, es el reclamo de la sociedad”, dijo.
