El Congreso del estado reactivó los procedimientos para tratar de anular las "pensiones doradas" que la LIII Legislatura autorizó a algunos de sus ex trabajadores y ex colaboradores de la administración de Graco Ramírez.

La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez,  integrante de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que dichos procedimientos se iniciaron como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

"Es parte de esas denuncias que tenemos que volver a revisar los casos, porque en su mayoría se ampararon", explicó.
Dijo que hasta el momento se han revisado 18 de cerca de 70 pensiones aprobadas por la LIII Legislatura, y dentro de dichos procedimientos se contempla citar a comparecer a los ex funcionarios beneficiados con las onerosas jubilaciones.

Barrera Vázquez indicó que dicho trabajo se suma a la revisión de más de mil 200 expedientes que se encuentran rezagados en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
"Buscamos sacar al menos 500 jubilaciones y pensiones a las que tienen derecho esos trabajadores que han esperado incluso por años. Sin embargo, antes tenemos que revisar si hay presupuesto para ello", declaró la diputada local.

Además de esos expedientes en revisión, el Congreso del estado tiene que cumplir de forma urgente con al menos cinco ejecutorias de amparos promovidas por los mismos trabajadores para obligar a los diputados a autorizar su retiro.

"Son ejecutorias, pero además hay amparos de los que no tengo el número exacto que también están en proceso de causar ejecutoria", añadió Barrera Vázquez.