Juzgadores deben ser reconocidos por capacidad, ética y profesionalismo, plantea representante del Colegio Morelense de Abogados.

El Colegio Morelense de Abogados pidió a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos hacer públicos los nombres de quienes aspiran a ser a jueces especializados en materia laboral, para conocer si uno o varios de ellos cuenta con antecedentes negativos cómo litigantes o servidores públicos.

El presidente de la organización de litigantes, Juan Juárez Rivas, lamentó que se mantenga bajo reserva las identidades de quienes aspiran a una de las cuatro plazas de jueces especializados, cuando es vital que quienes ocupen tan importantes cargos sean personas no solamente con experiencia sino que cuenten con las habilidades y, sobre todo, que sean reconocidas por su ética y profesionalismo en el desempeño de sus funciones.
Comentó que de manera extraoficial han trascendido algunos nombres de litigantes y ex funcionarios, que incluso laboraron para los tribunales laborales en el estado, que tienen antecedentes de malas prácticas y que en su paso por la administración pública entorpecieron la justicia laboral.

"Nosotros sabemos qué hay algunos aspirantes que literalmente han sido expulsados por sus malos manejos; que hay personajes que mientras trabajaban en el TECA favorecían con laudos a algunos abogados que eran sus familiares; qué hay algunas personas con malos antecedentes que no deberían ser considerados", señaló. 

Nuevamente instó al Poder Judicial a considerar a las organizaciones de abogados laboralistas cómo órganos de consulta, con la finalidad de que las autoridades responsables de la designación de las y los jueces laborales cuenten con una opinión externa sobre los perfiles de los aspirantes y que de plano se descarte a aquellos que tengan antecedentes negativos como litigantes o como servidores públicos. 

Juárez Rivas insistió que no solo los abogados sino la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son los aspirantes a impartir justicia laboral, con el propósito de garantizar que  las personas que resulten designadas sean las más competentes para ejercer la función jurisdiccional y que no cuenten con antecedentes negativos, para evitar que se siembre la desconfianza, la corrupción, la ineficiencia y los conflictos de intereses que hundieron en el caos al viejo sistema de justicia laboral, en detrimento de los trabajadores.