El Congreso local rechazó la primera propuesta realizada por el gobierno estatal.
La Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo enviará una nueva la terna para la designación de quien será titular del Centro de Conciliación Laboral, luego de que el Pleno del Congreso local rechazara la primera propuesta del Ejecutivo.
La titular de la dependencia, Cecilia Rodríguez González, dijo que no ha recibido la notificación oficial, por lo que desconoce la causa de fondo por la que no se concretó dicho nombramiento.
Como La Unión de Morelos lo informó oportunamente, ninguno de los integrantes de la terna (Humberto Díaz Vargas, Jorge Luis Gama Millán y Laura Adriana Nieto Patricio) alcanzó los 14 votos necesarios para su nombramiento.
Rodríguez González aseguró que se enviaron propuestas de personas que cuentan con el perfil, pues son abogados, con experiencia en el campo de la conciliación laboral y con capacitación especializada.
Mencionó que a más tardar hoy se mandará la nueva propuesta, al recordar que es imperante que se desahogue este asunto, puesto que en Morelos la reforma laboral entra en operación a partir del 3 de noviembre y hay muchas funciones que debe desempeñar quien quede a cargo de dicha instancia.
Subrayó que no le ha llegado la notificación, pero se trata de un asunto de dominio público.
De acuerdo con la funcionaria estatal, si el Congreso local no llega a un acuerdo sobre la segunda propuesta, o la rechaza, la ley marca que el Ejecutivo estaría en la facultad de designar directamente a quien ocupará dicho encargo. “Lo ideal es que pudiéramos contar con un titular mediante el proceso legal ordinario” expresó la secretaria, al anotar que incluso ella firmó más de 300 documentos de aspirantes que aspiran a ser contratados como conciliadores.
La secretaria consideró que “en el peor de los escenarios”, en caso de no contar con un titular designado, se iniciarían las funciones del centro de conciliación laboral con un presidente y con algunos colaboradores provisionales. Insistió en que Morelos tiene ese compromiso federal de poner en marcha la multicitada reforma de justicia laboral.
