Los integrantes de la LIV Legislatura habrían cometido un posible desvío de recursos por alrededor de dos millones de pesos por la contratación de servicios para el edificio legislativo.

Los diputados locales no tiene la certeza del derecho de propiedad de la sede del Congreso del estado, así lo confirmó la diputada Erika Hernández Gordillo, presidenta del Comité de Régimen Administrativo.

En entrevista, la diputada de Redes Sociales Progresistas (RSP) informó que se cuenta con información que indica que los integrantes de la LIV Legislatura no recibieron el derecho del inmueble, ya que la empresa que lo construyó no lo entregó por una deuda que no cubrió el gobierno del estado durante la administración de Graco Ramírez.

"El tema principal que tenemos es si ya contamos nosotros con el derecho de la propiedad de lo que es el Congreso Legislativo (sic)", añadió.
Lo anterior lo reveló este miércoles durante la sesión del Comité de Régimen Administrativo en la que también se dio a conocer que los integrantes de la LIV Legislatura habrían cometido un posible desvío de recursos de alrededor de dos millones de pesos, tan sólo en la contratación de servicios para la sede del Congreso del estado como la instalación del aire acondicinado, mantenimiento de los elevadores, la compra de papelería y de otros materiales.

De acuerdo con Hernández Gordillo se presume que la mayoría de los servicios que se contrataron no se instalaron o la calidad no corresponde a los montos pagados a proveedores.
De igual forma, dijo que se detectó que en oficinas como la del exvicepresidente de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez, se gastaron más de 30 mil pesos tan sólo en la ampliación de su oficina.
La legisladora local recordó que al inicio de la LV Legislatura encontraron un Congreso casi vacío, sin muebles y sin servicios ni mantenimiento de la sede legislativa.

En este contexto, refirió que se solicitó a las Secretarías de Administración y Finanzas, a la Dirección Jurídica, incluso a la Mesa Directiva que se investigue sobre la situación actual de dichos servicios, y de confirmarse irregularidades se emprenderán las acciones legales correspondientes.