El análisis hace énfasis en que la gestión al frente de la Auditoría Superior Gubernamental de Gerardo Casamata Gómez presenta diversas dudas al respecto, que llevan a considerar la posibilidad de arreglos entre ese organismo y los funcionarios públicos o representantes populares involucrados.

En uno de los puntos hace referencia a la revisión efectuada a una misma dependencia, en la que se observa una gran diferencia en las cifras observadas en la actualidad y los resultados de las auditorías correspondientes al 2008 y 2009.

Durante el 2008, se encontraron inconsistencias en 5 millones de pesos, en el 2009 en cerca de 10 millones y en este momento hay casi 25 millones de pesos que tienen que ser aclarados.

Pero las más de 15 fojas de la investigación refieren igualmente serias inconsistencias en las revisiones de media docena de ayuntamientos.

Sobre todo aparecen irregularidades importantes que son solventadas al cien por ciento sin aparente dificultad, lo que a juicio del análisis, pudiera ser resultado de pactos y acuerdos de dudosa legalidad.

Se advierte que derivado de todas estas dudas, se prepara una denuncia formal que será presentada en su oportunidad en contra del ex auditor superior, solicitando aclarar cuatro o cinco casos de relevancia en materia de revisión y auditoría a igual número de entidades que pudieran haber cometido actos de corrupción.