En tanto, los tres acusados de plagiar en Cuernavaca al ciudadano suizo niegan las imputaciones y esperan que en breve su caso sea turnado a un juez federal para que defina su situación jurídica, luego de que este jueves culminó su arraigo en un centro de la Procuraduría General de la República.
El abogado de la familia Tschumi, Max Morales Martínez, informó que la madre del empresario saldrá en las próximas horas del país por dos razones: la primera, por su delicado estado de salud y, la segunda, por razones de seguridad.
Indicó que el factor fundamental para que la señora abandone México es su deteriorado estado de salud “por el desánimo” provocado por la indiferencia de las autoridades para investigar el plagio y dar con el paradero de su hijo.
No obstante, dijo que “había el temor de una venganza” por parte de los delincuentes, como sucedió en el caso de la señora Marisela Escobedo (asesinada por exigir justicia por la muerte de su hija Rubí) en Chihuahua.
Indicó que otros miembros de la familia permanecerán en México, pues tienen fe en que Oliver se encuentre con vida en alguna parte de Morelos o del país.
Lamentó “la proliferación de este tipo de secuestro durante la administración calderonista y en diversos estados ahora conocidos como los narco-estados”.
Morales Martínez reafirmó que hasta ahora ni la Procuraduría General de la República ni la fiscalía estatal se han comunicado con la familia. “Seguimos sin información. Ellos se manejan solos a pesar de que nosotros somos la parte coadyuvante y las víctimas del delito”, expresó.
Criticó la postura asumida por la procuraduría de Morelos de deslindarse por completo del caso porque fue atraído por la PGR, pues “existen convenios de colaboración (con autoridades federales) que los obligan a no abandonar los casos”.
Implicados en vilo
En contraparte, los tres acusados de participar en el plagio del empresario suizo esperan que se defina su situación jurídica luego de que este jueves venció el arraigo en un centro de la Procuraduría General de la República.
Entrevistado vía telefónica, el abogado de los implicados, Christian Fragoso, informó que espera que el caso en las próximas horas sea turnado a un juez federal para que defina la situación jurídica de Juan Arreola Franco, ex policía municipal; Juan Mendoza Montes de Oca y su esposa María José Flores Pérez, acusados de secuestro y delincuencia organizada. Es decir, que se determine si se ejerce o no acción penal en su contra, si son sujetos a proceso y trasladados a un reclusorio en el Distrito Federal o al penal de máxima seguridad de La Palma.
Afirmó que sus representados niegan las imputaciones y sostienen que son inocentes, pues aseguran que no participaron en el secuestro del empresario helvético.