Comprobó falsificación de su firma en acta finiquito con la UAEM.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó la sanción resarcitoria impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, tras comprobarse que fue falsificada su firma en el acta de finiquito de los entregables convenidos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El ex funcionario federal alegó en su demanda que la resolución del órgano fiscalizador fue ilegal porque las conductas que le fueron atribuidas no le son imputables, ya que no era su responsabilidad verificar que la UAEM contara con la capacidad técnica y humana para firmar el convenio con la Sedesol por un monto casi de 700 millones de pesos, debido a que esa atribución correspondía a otra área de la dependencia federal, entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso de “La Estafa Maestra”.

Además, rechazó que él hubiese firmado el acta de finiquito de las actividades y entregables a las que se comprometió la universidad estatal con la dependencia federal, y ofreció pruebas de que su firma fue falsificada.

En el proyecto propuesto por el magistrado, Carlos Chaurand Arzate, y aprobado por la mayoría del Pleno del TFJA, se estableció que el ex funcionario probó que no era su función verificar la capacidad técnica de la UAEM, que ilegalmente subcontrató a terceros ante la imposibilidad de cumplir el convenio firmado con la Sedesol.

También se determinó que De León Mojarro probó que su firma fue falsificada, ya que “ofreció la prueba pericial en materia grafoscópica y documentoscopía, que fue valorada por la ponencia, la cual determinó conceder pleno valor probatorio a los dictámenes rendidos por el perito del actor y por el perito tercero, ya que fueron coincidentes con sus conclusiones, a las que arribaron utilizando diversos métodos de estudio que crearon convicción de que la firma estampada en el acta de finiquito no corresponde al puño y letra del actor.

“En esas consideraciones se estima que la conducta base del fincamiento de la responsabilidad resarcitoria no le es imputable al hoy actor, y en consecuencia no se acredita la existencia del daño causado a la hacienda pública federal, por lo que es procedente declarar la nulidad de la responsabilidad impugnada”.

La UAEM es una de las siete universidades estatales implicadas en el caso conocido periodísticamente como “La Estafa Maestra”, que consistió en un entramado financiero gestado para el desvío de recursos públicos, ya que las instituciones educativas no contaban con la capacidad técnica y humana para prestar diversos servicios y maquilar materiales para la Sedesol dentro del programa emblemático “Cruzada contra el Hambre”, durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

Además de que las universidades ilegalmente subcontraron a terceros, se detectó el uso de empresas “fachada” o “fantasmas” y que los entregables y servicios no fueron entregados o concluidos.

Por este caso, varios ex funcionarios universitarios, entre ellos el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, fueron sancionados por la ASF, además de enfrentar procesos penales.