Patricia Izquierdo Medina fue imputada y vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones.

Un tribunal colegiado confirmó la medida cautelar de prisión preventiva a la ex secretaria de Obras Públicas Patricia Izquierdo Medina, quien fue imputada y vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones.

Luego de que el pasado 17 de febrero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en cumplimiento de una sentencia de amparo a favor del gobierno de Morelos, confirmó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva a la ex funcionaria, su defensa legal promovió un incidente ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el que acusó que los magistrados de la Sala incurrieron en exceso o defecto en la ejecución de la resolución judicial federal al sujetar a Izquierdo Medina a la medida cautelar.

El tribunal colegiado, al analizar el incidente dentro del juicio de amparo directo 122/2021, dio por cumplida su sentencia. “Lo anterior, sin que pase desapercibido por este tribunal que, dada la confirmación del auto de vinculación a proceso, la Sala responsable abordará el estudio del recurso de apelación interpuesto por el órgano acusador contra la medida cautelar impuesta a Patricia Izquierdo Medina y, conforme a los razonamientos que expuso, decretará la medida cautelar de prisión preventiva por haberse tratado de un delito grave, pues esta parte de la determinación que se estudia es ajena a la litis del presente juicio de amparo y, por ende, no es dable analizar su legalidad o constitucionalidad en esta vía, al ser ajena a los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo.

“De ahí que no asista la razón a la tercera interesada, al afirmar en sus escritos presentados el 22 de febrero y 1 de marzo del presente año, que exista exceso en el cumplimiento de la ejecutoria porque, además de confirmarse el auto de vinculación, se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva; lo anterior porque el estudio de los agravios de la representación social expuestos en el recurso de apelación fue derivado de la confirmación del auto de vinculación que, al subsistir por virtud del amparo concedido al gobierno del estado, la Sala debía atender tales cuestiones y pronunciarse en resolver”, explicó el tribunal.

El 6 de mayo de 2019, una juez de control resolvió vincular a proceso a la ex secretaria de Obras del gobierno graquista Patricia Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por el pago de un monto superior a los 75 millones de pesos a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V.

El 22 de octubre de ese mismo año, la Segunda Sala del TSJ resolvió el recurso de apelación promovido por los tres ex funcionarios. El magistrado ponente y actual titular del TSJ, Rubén Jasso Díaz, y la magistrada Carmen Aquino Celis, votaron a favor de la revocación de la vinculación a proceso de Izquierdo Medina, mientras que el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles votó en contra. En el caso de los otros dos funcionarios, la Sala mantuvo la vinculación a proceso por el presunto ejercicio ilícito del servicio público.

El gobierno de Morelos promovió el juicio de amparo directo 122/2021, y en noviembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa ordenó a la Sala emitir una nueva determinación en la que se vinculara a proceso a la ex secretaria de Obras Públicas por no haber licitado una obra millonaria.

El 17 de febrero de 2022, la Sala confirmó la vinculación a proceso y ordenó sujetar en prisión preventiva a la ex funcionaria, ya que el artículo 19 constitucional contempla, entre los delitos que ameritan la medida cautelar de forma oficiosa, los casos de “corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.

El 1 de marzo, la ex secretaria de despacho durante la gestión del ex gobernador Graco Ramírez fue detenida e ingresada al Penal de Atlacholoaya hasta en tanto concluye su proceso penal.