Litigio ha durado más de ocho años.

El Poder Judicial del Estado de Morelos tendría que pagar al ex magistrado y ex presidente  del Tribunal Superior (TSJ) Ricardo Rosas Pérez, casi tres  millones de pesos por concepto de pensión, tras un litigio que ha durado más de ocho años.

De acuerdo con el juicio de amparo 916/2015, se realizó un peritaje contable en el que se determinó que la cantidad que el Poder Judicial deberá pagar a Rosas Pérez  asciende a la cantidad de 2 millones 919 mil 889 pesos con 55 centavos por concepto de “adeudos de pensión” por el periodo del 1 de julio de 2010 –cuando dejó de ser magistrado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- y hasta el 31 de mayo de 2019.

La cifra fue fijada el pasado 31 de marzo, luego de que el juez federal declaró fundado en el incidente innominado promovido por el ex magistrado para hacer cumplir la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito que, en amparo en revisión, le concedió la protección de la justicia federal.

Sin embargo, hace unos días el Director de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y el delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovieron sendos  recursos de queja en contra de la resolución incidental que fijó la cantidad a pagar al ex presidente del TSJ.

Ambos poderes solicitaron al juez de distrito suspender el procedimiento de ejecución, “indíqueseles que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo es de orden público e interés social”.

El 24 de junio de 2010, por mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar el amparo a Ricardo Rosas Pérez y un grupo de consejeros y magistrados, que –entre otras cosas- alegaban tener derecho a la inamovilidad en el cargo hasta cumplidos los 70 años de edad.

En consecuencia, Rosas Pérez dejó de ser presidente y magistrado del TSJ,  ya que el tribunal constitucional estableció que no tenía derechos adquiridos y le era aplicable el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional (entonces vigente), que estableció que “los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que hayan cumplido más de catorce años en el cargo, permanecerán en funciones hasta cumplir quince años, contados a partir de la fecha de su primera designación y se les aplicará el retiro forzoso previsto en el artículo 89 de esta Constitución, debiéndose prever el haber por retiro forzoso que marca esta Constitución y la Ley”.

Desde entonces, se estableció que el periodo máximo en el cargo de los magistrados es de 14 años, criterio que fue ratificado en julio de 2020 por el tribunal constitucional.