El líder de los penalistas, Uriel Carmona Carreño, lamentó la actitud del titular del TSJ y calificó como “desafortunadas” sus declaraciones en contra de los litigantes y los que han manifestado abiertamente sus críticas al desempeño de los jueces y el proceso para la designación de nuevos juzgadores.

Dijo que a pesar de que Falcón Vega optó por refutar a los litigantes y rechazó someter a evaluación a los juzgadores del nuevo sistema oral de justicia penal, como así lo solicitó la Asociación de Abogados Penalistas, “no quitaremos el dedo del reglón para que se evalúe a los jueces”.

Expresó que aun cuando el presidente magistrado alega que hay 98 por ciento de eficiencia en la emisión de resoluciones, el dos por ciento restante sigue siendo preocupante porque esto implica violaciones a los derechos constitucionales por parte de los jueces penales.

“Hay errores que se deben de corregir y lamento mucho la postura del presidente. No entiendo el porqué la cerrazón para evaluar a los jueces si está tan seguro de su eficiencia”.

Exigió a Falcón Vega comportarse como un hombre de Estado, como un servidor público que representa el Poder Judicial del estado de Morelos, que deje de litigar en los medios de comunicación y que atienda por la vía institucional a los abogados penalistas que en el ejercicio del derecho a la libre expresión han emitido críticas y solicitado por escrito que los jueces sean evaluados.

“En lugar de estar haciendo declaraciones en los medios de comunicación, por qué no me llama por teléfono o me mandó un documento dando una respuesta”, dijo al señalar que “el presidente y nosotros no estamos en igualdad de circunstancias; él es un servidor público y nosotros somos sociedad civil organizada, y cuantas veces la sociedad civil organizada pida rendición de cuentas, cuantas veces debe la autoridad responder”.

Siguen sospechas sobre designación de jueces orales

Uriel Guadarrama Carreño mantuvo sus sospechas sobre el proceso de designación de jueces orales, pues insistió en que no hay excusa que valga en cuanto a la inclusión en la lista de aspirantes aceptados de Nancy Aguilar Tovar, secretaria particular de Miguel Ángel Falcón, además de que se ha detectado otra irregularidad.

Manifestó que no es válido el argumento de que Aguilar Tovar renunció al cargo previo a la publicación de la lista de aceptados, pues en todo caso debió haber dimitido mucho tiempo antes o haber concursado en el proceso externo.

Sin embargo, señaló que “sigue habiendo elementos para creer que hay componendas para favorecerla” y convertir a su ex secretaria particular en jueza.

Detalló que existe otra presunta irregularidad en virtud de que en la lista de aceptados fue incluido Roberto Soto Castor, quien al momento de cerrar la convocatoria no contaba con su cédula profesional registrada ante el Tribunal Superior de Justicia, como exigía la convocatoria.

Además, consideró que debieron ser los jueces penales, secretarios de acuerdos, actuarios y proyectistas del sistema de justicia penal tradicional los primeros en ser convocados a ocupar las plazas de jueces orales, porque son los que poseen mayor experiencia y dominio de justicia en comparación con aspirantes cuya experiencia se limita al ramo civil o labores administrativas.