Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia fustiga la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de intentar llevar a juicio político a tres magistrados del TSJ, en detrimento de la división de Poderes y la libertad de jurisdicción de los juzgadores en un asunto que legalmente no está agotado.
La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) fustigó la pretensión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de intentar llevar a juicio político a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), en detrimento de la división de poderes y la libertad de jurisdicción de los juzgadores en un asunto que legalmente no está agotado.
Durante la sesión de Pleno del TSJ, el magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, leyó el comunicado emitido por la comisión nacional en total respaldo del Poder Judicial estatal y de la magistrada María Idalia Franco Zavaleta y los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa y Manuel Díaz Carvajal, quienes fueron acusados de dejar en libertad a un sujeto que hurtó de un vehículo oficial de la fiscalía anticorrupción uniformes, dispositivos y computadoras con información confidencial que forma parte de diversas investigaciones.
“La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) rechaza y desaprueba las acciones emprendidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, consistentes en el planteamiento de juicio político ante el Congreso del Estado de Morelos en contra de tres magistrados integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, derivado de la resolución de un asunto donde la propia fiscalía no agotado los medios legales de impugnación.
“La CONATRIB respeta y asume la división de poderes y defiende la independencia y autonomía judicial como principios rectores del estado democrático y de derecho es por ello que sostenemos que ningún impartidor de Justicia debe ser sujeto de persecución ni investigado en temas jurisdiccionales, pues de lo contrario se atenta contra la libertad decisoria de las personas juzgadoras, lo que no solo vulnera la Constitución de los estados modernos, además constituye un riesgo para el Estado de Derecho que debilita las instituciones y provoca desconfianza entre los gobernados”, afirmó.
En franca desaprobación a la solicitud de juicio político presentada la semana pasada por Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la FECC, ante el Congreso local el pasado 23 de agosto, la Conatrib expresó que las y los juzgadores atienden un mandato constitucional y convencional, y emiten sus sentencias con base en lo debatido en un juicio, razón por la cual “ninguna resolución ajustada a derecho puede ser sometida a acoso, pues al incordiar a una persona impartidora de justicia se persigue a la sociedad en su conjunto”.
Por ello, exhortó al Poder Legislativo estatal a garantizar un sistema de justicia independiente e imparcial, porque en un estado democrático derecho los jueces representan la última frontera de la legalidad, de la Constitución y combate contra los abusos de poder, e insistió en que el asunto por el que se pretende enjuiciar políticamente a los magistrados es un tema jurisdiccional y los medios de impugnación legal no han sido agostados.
En la sesión, se informó también que, paralelo al juicio político, representantes de la FECC presentaron una queja administrativa ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos en contra la magistrada y los dos magistrados integrantes de la Tercera Sala de TSJ, “por irregularidades en el desempeño de su función” en la resolución del pasado 15 de julio dentro del toca 178/2022-6/OP, en la que determinó dejar en libertad al sujeto imputado como responsable del hurto en agravio de la fiscalía anticorrupción y declaró procedente la suspensión a proceso.
Luego de un largo debate sobre la posición que debería asumir el Pleno en torno a la queja administrativa, finalmente se determinó regresarla a la Junta de Administración para que sea la visitaduría la que se pronuncie sobre su desechamiento por improcedente, en términos de la facción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos y el artículo 145 de la Constitución local, que establece que es competencia del Congreso determinar sobre las probables responsabilidades en que incurran los magistrados.
En su intervención, el magistrado presidente consideró necesario dejar en claro que “debemos de reconocer todos que la independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho, un componente básico de cualquier orden civilizado, y que nosotros debemos de contar con juezas y jueces que hagan valer nuestra Constitución, que impongan límites al ejercicio del poder y que den vigencia a los principios y valores que consagran la mayor conquista que es precisamente la democracia.
“Tomarse en serio la independencia judicial señores magistrados, es brindarles a las juezas y los jueces de este país condiciones para que hagan su trabajo todos los días sin presiones externas, ni del poder político, ni de los poderes económicos, ni de los poderes mediáticos o criminales que buscan poner el derecho al servicio de los intereses privados sin temor a enfrentar consecuencias por sus decisiones sean políticas, económicas, personales o cualquier índole, y sin instrucción de cualquier autoridad interna o externa a este Poder Judicial”, sostuvo.
