Después de cinco años, la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas e instituciones de los tres niveles de gobierno, iniciará este lunes la reapertura de las fosas comunes en el panteón de la colonia Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, para la localización y exhumación de más cuerpos y restos humanos que ahí fueron depositados en calidad de desconocidos en julio de 2014, sin que la entonces procuraduría cumpliese con los requisitos legales y protocolos ministeriales.

La fiscalía estatal confirmó que, todavía ayer, se afinaban los detalles con representantes de la Fiscalía General de la República, de los diversos colectivos y representantes de las comisiones de búsqueda nacionales y locales, sobre la ejecución de los procedimientos y protocolos que se aplicarán para evitar contratiempos y garantizar su eficiencia y legalidad.

Incluso, entre los mismos colectivos existían diferencias, pues mientras algunos convocaron a iniciar hoy un ayuno público como protesta contra la impunidad y la violencia institucional que han padecido las familias de las víctimas, otros decidieron mantenerse al margen de esta convocatoria y fijar por separado sus posturas frente al reinicio de los trabajos en las fosas de Jojutla.

En diciembre de 2014, la entonces procuraduría extrajo de la fosa común de Tetelcingo el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández –comerciante secuestrado y asesinado por sus captores- ya que a pesar de que su familia reclamó el cuerpo, fue sepultado  ilegalmente como desconocido.

La familia de Oliver, al percatarse de una serie de irregularidades en la inhumación de decenas de cadáveres, emprendió una lucha jurídica y social no sólo para recuperar el cuerpo del joven sino para ayudar a las de familias de desaparecidos a encontrar a sus seres queridos.

A esta lucha se unieron diversas organizaciones de víctimas y la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tras una fuerte presión social, en mayo de 2016 se abrieron las fosas de Tetelcingo, donde se recuperaron 117 cuerpos que habían sido inhumados literalmente como “basura”, muchos sin número de averiguación previa o carpeta de investigación, sin descripción de causa de muerte, sin datos de filiación u otros datos que hicieran posible su posterior identificación y que permitieran a familias saber si sus familiares estaban entre los cuerpos no identificados.

En marzo de 2017 se repitió el proceso y detectaron las mismas irregularidades en la apertura de las fosas comunes de Jojutla, donde se exhumaron 84 cuerpos y fragmentos cadavéricos.

Los trabajos fueron suspendidos indefinidamente en el mes de junio de ese año  debido a que se toparon con “lotes particulares” donde existían cuerpos no relacionados con la diligencia y, de acuerdo con las autoridades, se debían realizar trámites legales para conseguir autorización para continuar con las labores para la extracción de más cuerpos.

Luego ocurrió el sismo de septiembre de 2017 que devastó Jojutla y sobrevino la pandemia del covid-19, lo que postergó la reapertura de las fosas.