Dictan prisión preventiva a Sergio "N" por presuntamente no haber licitado la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.

Un ex funcionario de la Secretaría de Obras del gobierno graquista fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva,  por presuntamente no haber licitado la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  (FECC), informó que Sergio "N", ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra de Morelos, fue sujeto a proceso penal  por el delito de incumplimiento de funciones públicas.

Explicó que debido a que el imputado no tiene arraigo en la entidad y que en diversas carpetas de investigación en las que está implicado señaló domicilios distintos en los que no habita, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva que fue concedida por el juez del caso.

“Este día, 17 de octubre de 2022, en audiencia desahogada en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, un Juez dictó prisión preventiva contra Sergio "N", ya que, derivado de una investigación realizada por elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) adscritos a este Órgano Autónomo, no se pudo localizar a Sergio "N", incluso, la dirección indicada en una identificación oficial, corresponde a una negociación y no a una vivienda, mismo donde un presunto familiar del imputado corroboró que el ex servidor público no vive en ese lugar”, precisó

Según la FECC, en mayo de 2017, Sergio “N”, junto con José Gonzalo "N", ex director general de Licitaciones y Obra Pública, y Lucero "N", ex directora general de Obras   Públicas,  quienes  formaban parte del Comité de Obra Pública, omitió licitar la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y aprobaron adjudicar directamente la obra a la empresa Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración S. A. de C. V. por un monto de 98 millones de pesos, pese a que la Ley de Obras Públicas entonces vigente establecía que las adjudicaciones directas no debían rebasar los 2.5 millones de pesos.

Por el mismo delito, José Gonzalo “N” y Lucero “N”, también fueron vinculados a proceso pero con medidas cautelares diversas. El juez de control fijó tres meses para el cierre de la investigación.