Marco Antonio Solís cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentación, documentan; iniciarán denuncia.

Este miércoles será presentada la denuncia formal contra la administración pasada por el presunto desvío de alrededor de 20 millones de pesos que se reportaron como parte del pago al cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, pues el monto erogado supera lo que regularmente cobra el artista por una presentación.

El director de análisis estratégico y asesor de la gubernatura en materia anticorrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que ya suman más de 30 carpetas abiertas por denuncias relacionadas con actos irregulares identificados en el manejo de recursos durante la gestión del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y advirtió que continuarán iniciando procesos, pues paulatinamente se integran los expedientes con elementos que robustecen las demandas.

Refirió que este miércoles será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción un caso más, relacionado con el sobrepago que se hizo con dinero del erario, o que se reportó como tal por la actuación del cantante, ya que aquí se pagaron cerca de 26 millones de pesos.

Marco Antonio Solís -refirió Becerra Chávez- cobra entre 4.5 y seis millones de pesos por presentarse en un concierto masivo, como el que se realizó en el estadio Coruco Díaz de Zacatepec el 6 de diciembre de 2014.

Recordó que de acuerdo con información documental, la empresa “Magnus” era presuntamente contratada como intermediaria en las contrataciones de éste y otros artistas, como Emmanuel, Mijares y el cantante Sting. “Los representantes de esa empresa tendrán que rendir cuentas de porqué cobraba estos sobreprecios… pareciera que el gobierno del estado era tonto en pagar esas cantidades exorbitantes, cuando en el mercado de los cantantes, de los artistas, tienen precios, es un valor que ellos mismos se dan”.

Insistió en que están en la etapa de recopilación de más pruebas sobre los conciertos de los artistas también referidos y en breve entregarán a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias correspondientes.   

 

    

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Miércoles, 08 Mayo 2019 05:19

Hortencia Figueroa renuncia al PRD

El dirigente estatal dice que el Partido del Sol Azteca superará su crisis.

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Es señalada por presuntamente adjudicar de manera irregular y pagar 75 millones de pesos por la demolición y construcción de un edificio en Jojutla.

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Avanza investigación que implica a las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste: fiscal.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, afirmó que por lo menos un diputado más podría ser imputado por el presunto delito de peculado junto con las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Al asistir a la toma de protesta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el funcionario dijo respetar las diversas opiniones sobre el trabajo de la fiscalía y afirmó que en breve informará sobre el curso tanto de la investigación como de la judicialización de la carpeta que implica a exlegisladores.

“Estamos integrando la carpeta de investigación, que los diputados conocen de estas pesquisas, no puedo yo ventilar en medios los avances que tenemos, pero sí puedo decirles que estamos obteniendo elementos de prueba muy sólidos, con los que habremos pronto de judicializar la carpeta en contra de algunas exlegisladoras y otros funcionarios”, sostuvo.

Señaló que por el momento no es posible revelar los nombres de otros exintegrantes de la LIII Legislatura que están bajo investigación, pero adelantó que por lo menos estaría implicado un tercer exdiputado en la indagatoria por el presunto delito de peculado en agravio del Congreso y el erario.

El pasado 23 de abril, la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación de la audiencia de formulación de imputación contra las exlegisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la exsecretaria de Administración del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra ésta última, quien ahora tiene calidad de testigo.

De acuerdo con la fiscalía, la exsecretaria de Administración aportó nuevos elementos de investigación para robustecer la carpeta de investigación que en su momento permitirá reformular la imputación contra las exlegisladoras perredistas y algunos otros implicados por el presunto delito de peculado y lo que resulte, por el supuesto desvío de 20 millones de pesos del presupuesto del Congreso local.

 

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Rindieron protesta los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción rindieron protesta ante diputados locales, a ocho meses de que fueron designados por la Comisión de Selección. 
Los cinco representantes -Alejandro Enríquez Hermidas, María Juana Herrera Mota, Edgar López Betanzos, Penélope Picazo Hernández y Roberto Esquivel Coránguez- fueron vinculados con el gobierno de Graco Ramírez, ya que la Comisión de Selección (cuyos integrantes fueron electos por la LIII Legislatura) los designó tres días antes de que concluyera la administración pública estatal pasada.
Al respecto, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz los exhortó a demostrar con trabajo que son los indicados para ocupar dicha representación ciudadana. 
"Están a prueba, empodérense... quítense, con su trabajo y con resultados, el estigma de haber sido electos en la parte final de un gobierno que nos antecedió y dejó mucho que desear en lo que será precisamente su materia", manifestó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT). 
El Comité se encargará de instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, mediante un comité coordinador y el Sistema de Fiscalización. 
También se revisará el trabajo de las instancias que integran el sistema y de calificarlo, para que se cumpla con el objetivo de abatir la corrupción. 
Por ello se encargará de recibir las denuncias de ciudadanos en contra de funcionarios o ex servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. 
El Sistema Estatal Anticorrupción por fin podrá operar luego de más de cuatro años de que se creó la primera legislación para su operación. Sin embargo, la integración del comité antes citado ha estado judicializada desde hace tres años. 

 

       

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Los involucran en la construcción de una planta de separación de desechos que no se construyó.

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Sábado, 27 Abril 2019 05:07

TSJ exhibe a fiscalía anticorrupción

En un comunicado señala que no se aportaron elementos para demostrar la conducta delictiva de exfuncionarios.

Luego de que el martes la fiscalía anticorrupción tratara de responder a las críticas por la absolución de un exfuncionario estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que en el proceso citado, la fiscalía no aportó elementos que apoyarán su acusación, de allí que el juez de la causa haya decretado el no ejercicio de la acción penal. 

En el comunicado, el TSJ señala que “respecto de la información al auto de no vinculación a proceso de exfuncionarios  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO),  de la  pasada administración, que participaron en presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos… durante la audiencia, la Fiscalía formuló imputación a los presuntos responsables y solicitó que se resolviera su situación jurídica “en ese momento”; en este sentido, el juzgador apreció que con los  antecedentes presentados por la Fiscalía no se aportaron elementos de prueba que llevaran a inferir que uno de los imputados conociera o realizara algún tipo de conducta delictiva que afectara el patrimonio del Estado”.

También sostiene que “sobre el proceso de los otros dos imputados, a quienes se les señaló por la conducta tipificada de peculado, sancionada en el artículo 279  fracción I del Código Penal vigente,  la Fiscalía no presentó una prueba que acreditara que los imputados hayan recibido el efecto numerario (dinero)”.

El comunicado finaliza con la afirmación de que  “El TSJ informa que la Fiscalía puede seguir su investigación o recurrir la que emitió el juez, el cual actuó con imparcialidad y conforme a los datos de prueba que fueron expresados en el presente asunto”.

 

 

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En la actualidad, el juez de control está suspendido de sus funciones.

Está señalado por presuntamente favorecer a un implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores.   

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) formulará imputación contra el juez de control Roberto “N”, quien presuntamente incurrió en actos graves de corrupción e irregularidades en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

La titular de la UESC, Adriana Pineda Fernández, informó que en la primera semana de mayo la unidad antisecuestro pretende formular la imputación al funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el 3 de abril por la Comisión Transitoria del Tribunal Superior  Justicia (TSJ) y  simultáneamente bajo investigación administrativa como penal.

Confirmó que fue la UECS quien inicio la queja ante el TSJ contra el juzgador, quien salió a relucir en una investigación  de un caso de secuestro, pero por secrecía la investigación rechazó revelar detalles  de la implicación del funcionario judicial y sólo acotó que se presume que incurrió en corrupción y delitos contra la administración de justicia.

“Resultó de una investigación de un caso de secuestro y cuando hay una situación conexa a nuestra investigación, nosotros continuamos con ese procesamiento, es un tema evidentemente de corrupción, lo seguimos porque tiene relación o derivó de una investigación de un caso de secuestro, no es por secuestro (la investigación al juez), sino por otros delitos que atentan contra la administración de justicia y en la primera semana de mayo tendremos ya la formulación de imputación, pues para presentar nosotros ya el caso formalmente con el juez”, explicó

A pregunta expresa sobre la gravedad de las conductas que le serán imputadas al impartidor de justicia, señaló que “desde el punto de vista como fiscalía, nosotros consideramos que es grave con relación con lo que ocurre con las funciones que realiza un servidor público, para nosotros no es una falta, es un hecho delictivo que evidentemente está sancionado por la legislación penal y nosotros vamos a formular la imputación”.

Aunque las autoridades mantienen sigilo sobre los detalles del caso, trascendió que presuntamente el juez habría favorecido o apoyado, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

 

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En un comunicado, el Congreso pide al funcionario “ponerse a trabajar”, en relación con la investigación contra Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera.

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Las víctimas fueron atacadas a balazos en su casa, en la colonia Centro de ese poblado de Temoac; el hombre era nieto de un extesorero municipal.

Temoac.- La tarde de este martes, una familia fue atacada a balazos en la comunidad de Huazulco de este municipio. Una mujer y un hombre murieron, mientras que su hijo –de un año y ocho meses– resultó herido.

Al respecto, personal de la Fiscalía Regional Oriente informó que se trata de Fredi Morán Romero y su esposa. El primero era nieto de un extesorero del municipio de Temoac, según los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro de la comunidad de Huazulco, en el domicilio de Fredi Moran Romero y de su esposa, que fueron atacados a tiros junto con su pequeño hijo.

Este último fue trasladado a un hospital, alrededor de las 17:50 horas de ayer, confirmaron las autoridades municipales.

Personal del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía Regional Oriente llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, así como el traslado del pequeño, de tan sólo un año y ocho meses al hospital.

 

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