Y podrán portar armas de forma vitalicia.
La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) Adriana Pineda Fernández conservará el dispositivo de seguridad (guardaespaldas, armas y vehículos) que tenía cuando era titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y los fiscales en retiro podrán portar arma de manera vitalicia.
Recientemente fue expedido el Acuerdo 09/2022, por el que la FGE reglamenta las prerrogativas por servicios prestados previstas en los artículo 100 y 101 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y que establecen que las personas titulares de las Fiscalías General, Anticorrupción, Antisecuestro, Regionales y Especializadas, a partir de que dejen el cargo por cualquier motivo, contarán con el mismo dispositivo de seguridad que tuvieron asignado durante el ejercicio de sus funciones, por el mismo tiempo que desempeñaron sus respectivos cargos, con el fin de salvaguardar su integridad física y la de sus familias.
El dispositivo de seguridad no sólo incluye la asignación de agentes de Investigación Criminal u otros en funciones de escolta, sino también armamento, equipo, vehículos y demás insumos sin limitación y todo lo que sea necesarios para la seguridad del ex servidor público correspondiente, con las mismas condiciones que tenían cuando estaba en funciones.
Incluso, recalca el acuerdo, los escoltas que integran el dispositivo de seguridad del funcionario o la funcionaria al momento de dejar el cargo, no podrán ser sustituidos, ni reducido en su número o nivel de entrenamiento en servicios de protección a personas, tampoco los vehículos, equipamiento, armamento, pertrechos y demás elementos asignados para su seguridad y protección, salvo por la aceptación expresa del ex servidor público a quien se le brinde esa prerrogativa, previa solicitud por escrito, fundada y motivada, que efectúe el fiscal general.
El dispositivo de seguridad a los ex servidores públicos para la protección de su integridad física y la de su familia deberá prestarse por la FGE por la misma temporalidad en que ostentó el cargo. Una vez concluido el periodo, podrá retirarse el dispositivo de manera definitiva o, en su caso, extenderse hasta por dos años más en caso de existir algún riesgo o amenaza.
El mismo acuerdo contempla que una vez que el fiscal general culmine su periodo será nombrado “personal operativo honorario”, “para que, de manera inmediata a la conclusión de su cargo, el Fiscal en Retiro continúe portando el arma de cargo oficial asignada sin interrupción alguna, respecto de la cual tendrá derecho de portación de forma vitalicia”.
En el caso de las personas que hayan sido titulares de las Fiscalías Regionales,
Especializadas o de la FIDAI, que por la naturaleza del cargo sea necesaria la portación de arma de fuego para su protección personal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) deberá efectuar las gestiones necesarias a efecto de que, en su caso, si así lo permite la normativa, puedan emitírseles licencias para ello, en la modalidad que corresponda.
Lo anterior, bajo la premisa de que la FGE es la persona moral oficial titular de la Licencia Oficial Colectiva inscrita ante la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La primera beneficiaria de esta reglamentación es la ex titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro u Extorsión (y posteriormente convertida en fiscalía) y ex titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Adriana Pineda Fernández, quien ostentó estos cargos desde el 2013, y hasta el 30 de septiembre de 2022, cuando dejó la titularidad de la FIDAI al ser nombrada por el Congreso local como magistrada presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).
