María Luisa Villanueva Márquez, excarcelada tras 25 años de prisión, denuncia violencia física y coacción moral durante dicho procedimiento.

Los abogados de María Luisa Villanueva Márquez, mujer recién excarcelada tras 25 años de prisión, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, y de la directora del penal femenil de Atlacholoaya, Diana Inés Hernández Román.

Los litigantes Eutíquio Damián y María Elena Medina Vargas acudieron a presentar la queja ante el organismo nacional en nombre de María Luisa, quien alegó haber sido objeto de actos que violentaron sus derechos fundamentales como “a no ser objeto de violencia, no ser discriminada por mi condición de género, ni usurpada en mi facultad de decidir libremente y a ser informada respecto a cualquier procedimiento que afecte mi libertad personal”.

De acuerdo con la queja, la mujer acusó al  titular del TSJ de haber planeado y participado en su excarcelación el pasado 2 de febrero, a pesar de que ella rechazó el beneficio de la preliberación - que se le otorgó por cumplir más del 80 por ciento de su sentencia por el delito de secuestro y por motivos de salud- porque deseaba abandonar el centro penitenciario pero con el reconocimiento de inocencia.
A la directora del penal la señaló como quién “llevó a cabo y ordenó la ejecución de los hechos denunciados”, luego de que fue sacada por la fuerza del penal por un grupo de custodias que la cargaron hasta el exterior, aun con el uniforme amarillo característico de las personas sentenciadas.

Los abogados afirmaron que María Luisa fue víctima de  violencia física y coacción moral, y las autoridades judiciales y penitenciarias violaron su derecho a decidir al imponerle una preliberación que ello misma rechazó.

María Luisa fue detenida el 6 de enero de 1998 en un restaurante de la comunidad de Galeana del municipio de Zacatepec, acusada participar en el secuestro de una niña de 12 años.
De acuerdo con su defensa, tras su ilegal detención fue llevada a una casa de seguridad y torturada por cuatro días. En su expediente, la entonces procuraduría estatal y el grupo antisecuestro, que encabezaba Armando Martínez Salgado -quien paradójicamente se encargaba de planear plagios- cambiaron fechas, hechos y tramaron una serie testimonios para inculparla, sólo porque no tuvo el dinero que le exigió un grupo de policías a cambio de su libertad.

Además, de acuerdo con sus abogados, tanto el expediente como el proceso penal estuvieron viciados, por lo que ahora piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercer acción penal contra quienes participaron en detención, tortura y proceso ilegal y se abra el camino legal para buscar el reconocimiento de inocencia de María Luisa.