Los diputados que controlan el Congreso votaron a favor de una ley sin consensuar que facilita usurpar candidaturas destinadas a indígenas y grupos vulnerables.
A pesar de que no las sometieron a consulta ni las publicitaron, los diputados del G-15 aprobaron reformas en materia electoral para normar el derecho a ser votados de los grupos vulnerables y pueblos indígenas, así como en materia de paridad de género.
Tras no haber logrado los consensos para avanzar a una reforma constitucional para aumentar el número de diputaciones y el número de regidores, el grupo mayoritario en el Congreso del estado se puso de acuerdo y metió la mano en la normatividad que debería garantizar el derecho de los grupos vulnerables y los pueblos indígenas a estar representados en los municipios y el Poder Legislativo.
Durante la sesión ordinaria de la tarde de este martes, los legisladores locales modificaron el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley Orgánica Municipal, para señalar cuántas regidurías corresponderán a las comunidades indígenas, pero sin realizar sin un estudio previo. Lo mismo hicieron en la designación de espacios para los grupos vulnerables.
Establecieron los requisitos para validar las candidaturas a favor de la diversidad sexual, de las comunidades indígenas y de los grupos vulnerables, lo que abre la puerta nuevamente a la simulación.
Algunos de estos requisitos son: una carta bajo protesta de decir verdad o acreditar que durante los últimos dos años han sido luchadores sociales de las causas de estos grupos.
Otra de las adecuaciones legales establece la creación de una Comisión Ejecutiva Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Grupos Vulnerables que deberá formar parte del Impepac.
Aunque no se conocieron de fondo los dictámenes que aprobó el G-15, la diputada Mirna Zavala Zúñiga advirtió que dichas reformas son impugnables, pues no fueron validadas por la ciudadanía y tampoco por el Impepac.
Sin embargo, los diputados del grupo mayoritario presumieron ante el Pleno que se trató de una reforma electoral histórica, supuestamente basada en las consultas que durante un año el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana realizó con los pueblos indígenas y los grupos vulnerables.
También destacaron que no se aumentó el número de regidores porque se atendió a una demanda social, cuando en realidad se debió a una falta de acuerdos dentro del G-15.
