Los acusan de provocar un daño patrimonial a la institución por más de medio millón de pesos.

Tres ex comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) fueron imputados ante una juez de control por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público por un supuesto daño patrimonial al órgano garante de más de medio millón de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la expresidenta del órgano de transparencia, Dora Ivonne Rosales, y los consejeros  Mireya Arteaga Dirzo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, fueron acusados de apropiarse de dos vehículos Jetta del organismo de forma irregular, ya que en la sesión de Pleno del Imipe del 31 mayo de 2019 aprobaron la baja y enajenación de dos vehículos valuados en 74 mil 700 pesos cada uno, y que ellos mismos compraron pero a precio de solo 20 mil pesos.

Uno de los autos fue adquirido a bajo costo por la consejera Arteaga Dirzo, mientras que el segundo fue adquirido por el consejero Díaz Vázquez a través de un “prestanombres”, que fue identificado como trabajador del Imipe que, en lugar de realizar labores dentro del instituto, era empleado por el consejero como su chofer particular.
“El trabajador dijo en su declaración que el ex comisionado le ofreció incorporarlo laboralmente en el IMIPE con el cargo de notificador, sin embargo, al integrarse al instituto, sólo daba servicio de chofer particular al ex funcionario.

“Incluso, Víctor Manuel “N” le solicitó su firma en varias hojas en blanco, para simular que era el ahora testigo quien compraba el carro Jetta, pero en realidad está en posesión del ex comisionado. Un informe de la Dirección Jurídica de la Secretaría de  Movilidad y Transporte (SMyT) aportado por la Fiscalía Anticorrupción, establece que actualmente los vehículos se encuentran activos y que uno de ellos está a nombre de Mireya “N”, y el otro a nombre del testigo.

“Con esto, se evidencia que los exconsejeros permitieron que el empleado notificador desviara sus funciones al realizar servicios distintos a su encargo laboral, de tal manera que se considera un daño patrimonial al IMIPE por 439 mil 450 pesos por salarios pagados”, detalló la FECC.

La fiscalía anticorrupción planteó un daño patrimonial que sumó, entre la venta irregular de autos y salario devengado por el trabajador y hoy testigo en la causa penal, 588 mil 850 pesos.
La juez de control impuso como medidas cautelares a los imputados la firma periódica ante la UMECA y fijó un plazo de  144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, para definir su situación jurídica.

No obstante, existen cinco denuncias más interpuestas ante la fiscalía anticorrupción por la actual representación del órgano de transparencia local.