El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió diversas controversias constitucionales en busca que el Congreso le asigne presupuesto para el pago de las pensiones de un grupo de trabajadores en retiro, cuyos decretos fueron hace poco aprobados por los diputados pero sin etiquetar presupuesto.
De acuerdo con los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el TJA presentó seis recursos de control constitucional con el objetivo de obtener recursos para cumplir con esos decretos que, en algunos casos, habían permanecido varios años congelados en el Poder Legislativo y recientemente fueron aprobados pero sin etiquetar los fondos para pagarlos.
Entrevistado al respecto, el magistrado de la Quinta Sala del TJA, Roque González Cerezo, confirmó que al inicio del 2023 el representante del órgano jurisdiccional presentó las controversias constitucionales porque se necesitan alrededor de nueve millones de pesos para el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro en el ejercicio fiscal en curso y, en varios casos, cubrir de manera retroactiva años anteriores.
Señaló que también se realizan gestiones ante el Poder Ejecutivo para conseguir una ampliación presupuestal y reiteró que el TJA está en toda la disposición de cumplir con los decretos y las responsabilidades para con sus trabajadores en retiro pero necesita recursos.
“No estamos en contra de pagar, la cuestión fue muy clara: al momento que el propio Congreso aprueba y expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2023, salen publicadas seis pensiones de diferentes trabajadores del tribunal, que no fueron consideradas dentro del presupuesto de la asignación del presupuesto del propio tribunal.
“¿Y qué significa esto? Que nosotros estamos a favor de pagar a los trabajadores pero que no nos consideraron, no nos dieron la cantidad para pagar esas pensiones, ni para el actual ejercicio fiscal ni por los efectos retroactivos, porque en algunos casos eran pensiones que traían cuatro o cinco años que habían sido solicitadas y que ya habían tenido juicios de amparo y que hoy se materializan.
“Entonces hoy estamos en espera de que tanto el Congreso pueda dar una ampliación presupuestal o el propio Ejecutivo puedan generar las condiciones sobre este rubro de pensiones para el tribunal”, explicó.
De esta manera, el TJA, al igual que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se suman a otros entes gubernamentales, descentralizados o autónomos que solicitan presupuesto para pagar los decretos pensionarios a los que el Congreso no les asignó fondos.
