Las inconsistencias hacen inviable e impugnable el documento, establece el gobierno del estado.
Los diputados locales habrían cometido pifias graves en la integración del "decreto 1103 en ciernes" que permite el retiro voluntario de magistrados, y que fue corregido y enviado por segunda ocasión al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el pasado tres de julio.
Esos errores legislativos hacen a dicho decreto inviable e impugnable, según se señala en las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo en el segundo veto emitido al citado decreto, que fue entregado el pasado 17 de julio.
El Poder Ejecutivo establece que se trata de un decreto que contradice lo establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual es el principal fundamento que utilizaron los legisladores para permitir el retiro voluntario o anticipado de magistrados.
"...en los términos en que ha sido aprobado en esta segunda versión, no tiene congruencia interna ni obedece a la supuesta motivación realizada, que dicho sea de paso tampoco es reforzada como se indicó en las observaciones primigenias que se requería al estar en una categoría sospechosa", cita el veto.
El Poder Ejecutivo advierte que se trata de un decreto "discriminatorio" e "inequitativo", pues favorece a los magistrados por encima de los derechos del resto de los trabajadores al servicio del gobierno del estado en condiciones de retiro.
Uno de los errores más graves es que los diputados pretenden que los magistrados se retiren con apenas 50 años de edad, cuando la Ley del Servicio Civil establece 55 años como la edad mínima.
"...ya que primero en el apartado de valoración y dictaminación se dice que se requerirán 55 años y después en la edad consignada en el artículo 3 se prevén únicamente 50 años; de ahí que en los hechos se sigue generando un trato inequitativo, y el Decreto 1103 en ciernes devuelto nuevamente, persiste en su irracionalidad e incongruencia en correlación con la aludida Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos".
Asimismo, los diputados pretenden que con apenas 20 años de servicio, los magistrados se retiren con el 100 por ciento de su salario y con 15 años de servicio se les pague el 75 por ciento.
Por lo anterior, el Poder Ejecutivo solicitó, una vez más, a los integrantes de la LV Legislatura reconsiderar el decreto para el retiro voluntario de magistrados.