Activistas demandan la publicación de la ley en la materia, así como la asignación de especialistas en salud para atender a las madres afectadas.

Integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) demandaron la publicación de la Ley en la materia que aprobó el Congreso local, así como la asignación de especialistas en salud para atender a las madres y la agilización de la procuración y administración de la justicia en estos casos.

En conferencia de prensa, las mujeres manifestaron su inconformidad, al señalar que en varios rubros han enfrentado dilaciones y violencia institucional, mientras que sus hijas e hijos siguen creciendo y la condición de las madres afectadas en diversos aspectos se desgasta gravemente.

“Solicitamos a la comisión ejecutiva en reparación a víctimas del estado de Morelos, a la Comisión de Derechos Humanos, a la unidad de equidad y género, a la COEVIM, a la Fiscalía del Estado de Morelos, al Instituto de la Mujer de Morelos, al órgano anticorrupción y al Tribunal de Justicia, que intervengan en nuestros casos de manera precisa, sin más dilaciones e irrespeto a nuestro tiempo de vida y al crecimiento de nuestros hijos en ambientes de violencia”, señala el pronunciamiento al que se dio lectura en dicha conferencia.

De manera enfática pidieron públicamente la publicación del decreto para incluir la violencia vicaria en el código penal que votó a favor el Poder Legislativo: “la publicación de esta ley reafirma el respeto del gobierno del estado a la integridad, dignidad y restauración del daño, de nosotras las madres víctimas”.

En cuanto a la Secretaría de Salud, el FNCVV en Morelos pidió la contratación de especialistas en violencia hacia la mujer, adolescentes niños y niñas que puedan realizar peritajes adecuados, que no lastimen a las víctimas, así como atención al acelerado deterioro de su condición física. Además, solicitaron atención psicológica urgente para sus hijos e hijas.

En el rubro de educación, demandaron “mayor compromiso con la educación cívica y la memoria histórica del estado, del país y de la trayectoria sobre los derechos de las mujeres, pues carecer de esa incomprensión ha fomentado la discriminación en nuestros casos y ha impedido nuestro acceso a la justicia por poner en entredicho y hasta criminalizar nuestro estado mental ocasionado por la violencia vicaria, dejando en impunidad a los agresores, empoderándoles y permitiendo el desarrollo de una cultura de la violencia”.

Las integrantes de la citada colectiva expusieron el caso de la señora Dulce Gabriela Flores Gutiérrez, originaria de Cuautla, madre de Fernando, de ocho años de edad, víctima de infanticidio en Celaya, Guanajuato el 8 de mayo del presente año y cuyos presuntos asesinos son el padre y la madrastra actualmente bajo prisión preventiva en esa entidad.

Explicaron que -según lo dicho por la madre- la custodia de sus hijos Fernando y Santiago fue dada al padre en el juzgado de Zacatepec sin que ella fuera notificada.

Conforme a esta versión, el menor Santiago

estuvo en un albergue del DIF del estado de Guanajuato desde la fecha que ocurrieron los hechos y luego fue entregado a la familia del padre. Además, anotaron que la semana pasada el padre de Dulce Gabriela fue atropellado en el estado de Hidalgo, lo que provocó su muerte.  La señora Dulce salió de manera voluntaria el 22 de este mes, entre una y dos de la tarde y desde entonces se ignora su paradero.