La resolución de la SCJN invalidó la totalidad de los puntos impugnados por el Ejecutivo estatal en las leyes de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2023, señala el secretario de Gobierno.

Todas las disposiciones impugnadas por el Poder Ejecutivo en el presupuesto de egresos del 2023 y en la Ley de ingresos fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso la que prohíbe la libre transferencia, aseguró el secretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado.

El funcionario dijo que de acuerdo con el análisis jurídico preliminar, sólo “quedó intocado algunas porciones, algunos artículos relativos a los tribunales y organismos autónomos: “todo lo demás que impugnamos fue invalidado por la Corte”.

Destacó que -contrario a lo que afirman los diputados integrantes del G-15- entre los puntos que quedaron sin validez se encuentra el fondo de infraestructura municipal y se deja asentada la facultad del Poder Ejecutivo para reorientar algunas partidas financieras para hacer frente a imprevistos, uno de los principales argumentos en el recurso de controversia constitucional.

“Como lo ha hecho el Ejecutivo en ejercicios anteriores, puede hacer los ajustes; ustedes saben que ha complicado mucho el tema de tener que ir al Congreso a solicitar ampliaciones presupuestales para ajustar ese presupuesto, ahora ya vuelve esa facultad al Ejecutivo, al haberse invalidado el presupuesto de egresos en las porciones establecidas” sostuvo tajante.

El responsable de la política interna aseguró que es un triunfo “indudable” para el Ejecutivo y dijo desconocer en qué se basan algunos legisladores de oposición para rechazar la sentencia del máximo tribunal del país: “no sé qué lectura le estén dando pero ahí está la sesión de la Corte que fue pública, entonces si la Corte determinó que era fundada y procedente la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo ¿entonces de que hablamos, no?”.

En relación al recurso de reclamación que promovió el Congreso respecto a la detención del fiscal general del estado Uriel Carmona, el secretario de Gobierno dijo que el Ejecutivo estará atento aun cuando la fiscalía es un organismo autónomo, porque en cierto momento el Ejecutivo puede participar en el proceso de nombramiento del nuevo fiscal, si es que así resulta conducente.

Comentó que el Ejecutivo está analizando la situación legal del fiscal por lo que no se ha enviado la terna, aunque Uriel Carmona Gándara no está en condiciones materiales de ejercer ese cargo de fiscal, puesto que está en prisión en la Ciudad de México.

Reiteró la postura oficial en el sentido de que el asunto sigue en curso y el gobierno del estado estará a la espera de la resolución final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro orden de ideas, Sotelo Salgado informó que el gobierno del estado firmará convenios con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y con el Instituto Nacional Electoral (INE) de cara al proceso que está por iniciar. Además, se sostendrán reuniones con la mesa de coordinación para la paz y la seguridad.