El presidente de la organización llamada Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, instó al órgano de fiscalización federal y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a investigar la aplicación de los recursos asignados en los últimos años a la Fiscalía General del Estado, ante la presunción de que el presupuesto es utilizado para fines distintos a la procuración de justicia.

Consideró que “ya es un tema escandaloso” el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien enfrenta cuatro procesos penales y es acusado desde la Secretaría de Gobernación de contar con un entramado de protección desde el Congreso de Morelos y el Poder Judicial de la Federación.

Consideró que las acusaciones provenientes desde el gobierno federal deben traducirse en acciones legales y comprobar que efectivamente hay una red de corrupción que lo protege.
“Me parece que tendría que empezar las acciones jurídicas de parte de ellos, quejas, denuncias. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación y la fiscalía anticorrupción debieran de empezar las investigaciones respecto de quienes integran la nómina de la Fiscalía General de Justicia, porque lo que se cree, dicho por la secretaria de Gobernación, es que hay una complicidad con el Congreso y que el fiscal le da canonjías en términos económicos y en términos de espacios (a los diputados locales).

“Entonces, que se investigue si hay familiares de los diputados en la nómina, si hay colaboradores cercanos de los diputados o, incluso, ellos mismos recibiendo pagos del fiscal general de justicia”, dijo.
Dijo que es necesario que se sepa y transparente el uso de recursos de la FGE, porque a pesar de que haber triplicado su presupuesto y tener más de mil millones de pesos, todas las áreas carecen de lo elemental para funcionar adecuadamente.

“Los peritos no tienen ni reactivos para trabajar, carecen de Ministerios Públicos, carecen de policías de investigación criminal, pero sí vemos que el fiscal general  opera los diferentes temas y  no lo opera con su recurso propio. De dónde también para pagar la defensa tan costosa –por los cuatro procesos penales que enfrenta- y que sigue constando, y no quiero pensar que eso le está costando al erario público”, expresó.

Por ello consideró necesario que la ASF y la fiscalía anticorrupción deben investigar el uso de los recursos y detectar posibles anomalías y, en su caso, sancionarlas.