Fue promovida por la Fiscalía en su intento por impugnar el acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual se exhortó al Poder Legislativo de Morelos a evaluar el desempeño del fiscal Uriel Carmona.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el desechamiento de la controversia constitucional que la Fiscalía General del Estado (FGE) promovió en su intento por impugnar el acuerdo emitido por la Comisión de Seguridad de Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, por el cual se exhortó al Poder Legislativo de Morelos a evaluar el desempeño del fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, y conminó a la FGE a “que entregue estadísticas fehacientes de la incidencia delictiva”, especialmente en materia de feminicidios.

La Segunda Sala del SCJN consideró infundado el recurso de reclamación 292/2023-CA promovido por el organismo autónomo y confirmó el acuerdo del 8 de junio pasado, por el que fue desechado por notoriamente improcedente el recurso de control constitucional 339/2023 contra el acuerdo legislativo del congreso capitalino.

En marzo pasado, a  propuesta del diputado panista, Luis Alberto Chávez García,  la Comisión de Seguridad del Congreso de la CDMX, aprobó  por unanimidad el punto de acuerdo por el que se dispuso “exhortar respetuosamente al Congreso de Morelos para que evalúe el desempeño de la Fiscalía General del Justicia de dicha entidad, y se realice una revisión exhaustiva para tener un mejor diagnóstico y coadyuve a combatir la problemática en materia de feminicidio” y “que no exista una brecha de impunidad en este delito, lo cual, además, causa repercusión en la capital de la República”.
También exhortó al titular de la fiscalía morelense, Uriel Carmona Gándara, para que cumpla con su función de representación social del pueblo de Morelos y entregue estadísticas fehacientes de la incidencia delictiva al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Lo anterior, para continuar con la lucha contra los feminicidios y se evite el efecto que pudiera tener ante su negativa en la Ciudad de México, derivado de su colindancia”.
El punto de acuerdo tuvo su origen en la polémica surgida a partir del caso Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla (a la altura del municipio de Tepoztlán), luego de que el día anterior la joven acudió a un bar en la colonia Condesa en el Ciudad de México y posteriormente, con otras personas, se trasladó a un departamento en la misma demarcación.

La fiscalía de Morelos –quien realizó el levantamiento del cadáver y la primera autopsia- aseguró que su cuerpo no presentaba indicios de violencia, descartó un posible feminicidio e indicó que la joven habría ingerido bebidas alcohólicas en exceso y eso le provocó la una broncoaspiración (paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias), por lo que únicamente se investigaría el traslado y abandono del cuerpo a Morelos.

Sin embargo, a petición de la familia de Ariadna Fernanda, la fiscalía de la Ciudad de México realizó una segunda autopsia, que concluyó que la joven fue golpeada e inició la investigación por feminicidio. En una opinión técnica emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) se confirmó la hipótesis de la FGJ de la CDMX sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Tanto la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, como la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de intentar encubrir el feminicidio de Ariadna. Actualmente se encuentran vinculados a proceso Vanesa 'N' y Rautel 'N' como presuntos implicados en el feminicidio. 

Incluso, por este caso el fiscal de Morelos enfrenta tres procesos penales en la CDMX por los presuntos delitos de retraso en la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.