Con la resolución aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados federal, la FGR podrá ejercer acción penal en contra del fiscal de Morelos por diversos cargos.

Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados federal retiró el fuero constitucional a fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza acción penal en su contra.

Este miércoles, en sesión extraordinaria, el Pleno se erigió en Jurado de Procedencia para escuchar a las partes y votar el dictamen propuesto por la Sección Instructora. En representación de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte acusadora, se presentaron Emiliano Villa Caballero y Juan Gabriel Morales Hernández, fiscales adscritos a la Unidad de Investigación de Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

A la sesión no asistió en calidad de imputado el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pero envió a la Mesa Directiva un escrito por el cual acreditó a Gabriel Regino García como su representante y abogado defensor, a quien se le tomó protesta como tal en el momento. También se apersonó Ricardo Emiliano Paredes Zúñiga, como abogado autorizado por Carmona Gándara.

En su primera intervención, el fiscal federal Juan Gabriel Morales Hernández,pidió el desafuero del fiscal estatal y argumentó que el 7 de mayo de 2020 la Unidad de Investigación de Acopio y Tráfico de Armas recibió una denuncia anónima, por lo que se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITATA-MOR/0000286/2020, en la que se acusaba que Carmona Gándara de incurrir en la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, contra la salud y en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente, el 1 octubre de 2020 el ciudadano, Oscar Daniel Álvarez Roja, denunció al fiscal de Morelos porque el 15 de febrero de 2018 fue nombrado por el Congreso de Morelos y asumió el cargo sin contar con los exámenes de control de confianza y nombró a varios funcionarios sin que tampoco contaran con las certificaciones al momento de su designación.

Señalo que requirió información al Centro de Evaluación de Control y Confianza de la FGR para conocer que si contaba o no el funcionario estatal con sus exámenes, con lo que se constató que fue hasta diciembre de 2018 cuando obtuvo la certificación.

Afirmó que el artículo 21 de la Constitución, en su décimo párrafo, establece que todo funcionario que pertenezca a las instituciones de seguridad debe tener aprobados sus exámenes de control y confianza, y vigentes a partir del momento en que son nombrados.

Subrayó que también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que este requisito no puede ser dispensado a ningún servidor público y, bajo este contexto, acusó de Carmona Gándara de la probable comisión de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en los artículos 214 y 212 del Código Penal Federal, y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

En respuesta a la exposición del representante de la FGR, Gabriel Regino, abogado del fiscal de Morelos, subrayó que desde 2014 han renunciado 17 fiscales  estatales con motivo de los cambios transexenales de gobiernos y producto de las presiones políticas.

Recordó que la reforma legislativa para que los fiscales fuesen nombrados hasta por nueve años, “no obedeció más que evitar ser objeto de presiones políticas en el desempeño de su cargo, pero han sido ya 17 fiscales a quienes los nuevos titulares del Poder Ejecutivo estatal les han obligado a renunciar con amenaza de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual indirectamente se está violando un mandato constitucional”.

“En 2018 hubo cambio de poderes de en Morelos y, desde el inicio, se le pidió a la fiscalía proceder penalmente contra la administración anterior sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”.

Afirmó que el fiscal morelense se negó a “plegarse a un juego político” y entonces saltaron en su contra denuncias hasta ahora no comprobadas, desde supuestos nexos con el crimen hasta la presunta falta de exámenes de control y confianza.

Sostuvo que el fiscal cuenta con todas las certificaciones y, si al momento de su designación no contaba con ellas, eso no significa incurrir en un delito porque la Constitución local no exigía ese requisito al momento de tomar protesta.

Alegó no solo que las acusaciones han prescrito sino que su representado es inocente y que todo es parte de una persecución política.
“Esos hechos con apariencia de delito, diputadas, diputados, han prescrito. ¿Qué significa la prescripción? Algo que el Poder Legislativo ha legislado y que se encuentra presente tanto en el Código Penal federal como en los códigos penales estatales.

“Estamos, diputadas y diputados, ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia. Si en Francia en el siglo XIX hubo conmoción por el caso de Alfred Dreyfus, cuando se conozca la verdad de lo que hay detrás de este embate y artera persecución contra un fiscal autónomo la historia va a juzgarnos a todos”.
Atizó que en el afán de inculparlo se le ha implicado indebidamente en la muerte de la joven Ariadna Fernanda y acusó a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, cuyo proceso de ratificación estaba también en curso ayer, de fabricar carpetas de investigación.
“Hoy en estos instantes, a unas cuadras de aquí, sus pares están por resolver la ratificación de una fiscal que fabrica carpetas de investigación y que tuvo el apoyo para ir otro estado de la República a detener a un fiscal.

“Y esa sesión que se está llevando en estos momentos está plagada de amenazas a diputados con carpetas de investigación, eso es lo que está sucediendo en nuestro país, hoy lo que está en debate no es solamente la dignidad y la inocencia de un servidor público, lo que está en riesgo es la democracia de este país y la autonomía de las instituciones y los órganos constitucionales autónomos.

“El fiscal de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito, diputadas, diputados, en sus manos no solo está su dignidad sino la suerte que va a correr México con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y el poder punitivo”, concluyó en su primera intervención.

En su segunda argumentación, el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández, pidió a los legisladores que “no se dejen sorprender, si nosotros permitimos que nuestros servidores públicos no tengan los exámenes de control de confianza vigentes al momento de que asumen al cargo, cuánta confianza tendrán los ciudadanos del estado de Morelos a esos servidores públicos”.

También rechazó que los delitos imputados hayan caducado, pues el artículo 105 del Código Penal “establece la reglas de la prescripción; si hacemos las cuentas, el hecho fue cometido en el 2018 y la regla mínima es de tres años; 19, para el 20 que tuvo conocimiento la FGR no están prescritos los delitos, máxime que tenemos un procedimiento de desafuero que interrumpe la prescripción, no vengan a decir como fiscalía que está prescrito el delito”.

Incluso, el fiscal federal señaló que los exámenes de control de confianza de Carmona Gándara tuvieron validez solo tres años, y “me parece que en la actualidad ni siquiera están vigentes esos exámenes, porque no tenemos ningún documento que la defensa haya traído ante esta honorable Cámara. Señores es claro que el desafuero es procedente, no permitamos que existan servidores públicos sin exámenes de control de confianza vigentes”.

En su réplica, Gabriel Regino García acusó que la FGR incurrió en una serie de irregularidades en la integración de la investigación y que el fiscal de Morelos nunca fue citado para poder rendir entrevista sobre la indagatoria por la que fue solicitado el desafuero, con lo cual se transgredieron sus derechos constitucionales.

En su último intento de persuasión, pidió a las y los legisladores defender el Estado de Derecho, y no dejarse llevar por presiones políticas: “La importancia del Poder Legislativo es sin igual, por eso a ustedes la soberanía les dio la oportunidad también de defender a las instituciones constitucionales, no estamos aquí para defender ideologías ni posiciones partidistas sino principalmente un Estado de Derecho que cada día sigue siendo presionado por intereses externos a la Constitución. Rogamos su racionalidad y reflexión en el voto correspondiente”.

Expuestos sus argumentos, las partes se retiraron del recinto legislativo y la Mesa directiva cedió el uso de la palabra al presidente de la Sección Instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabé, quien explicó brevemente que, en cumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional 151/2021 y con base en las facultades del Congreso de la Unión, se integró y aprobó un dictamen en el que se consideró que había elementos para proceder penalmente contra el fiscal morelense por la presunta comisión de los  ejercicio ilícito del servicio del  público y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública, sin que ello implique prejuzgar sobre la culpabilidad o no Carmona Gándara.  

Así, la Mesa Directiva ordenó abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos para que los 418 legisladores presentes emitieran su voto. El resultado: 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, con lo cual se aprobó el desafuero del fiscal estatal.

La presidenta del Congreso, Marcela Guerra Castillo, procedió a la lectura de los puntos resolutivos: 1) Ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara como consecuencia del procedimiento de declaración de procedente solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación de la FGR; 2) Queda expedida la facultad del Ministerio Público federal para ejercer acción penal contra el fiscal de Morelos por  los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 3) La declaración de procedencia se remite al Congreso de Morelos para que procede como corresponda “para el solo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público federal (al) imputado”; 4) la declaración de procedencia deja a salvo las facultades de las autoridades de administración y procuración de justicia para que determinen lo procedente.

En los resolutivos también se ordenó notificar a las partes implicadas, así como la SCJN, en cumplimiento de su sentencia en la controversia 151/2021.
Con esta resolución, la FGR podrá imputar a Carmona Gándara ante un juez de distrito. Además, el fiscal de Morelos actualmente enfrenta cuatro procesos penales del fuero común, tres en la Ciudad de México y uno en Morelos, relacionados con la muerte de la joven Ariadna Fernanda y la presunta tortura, en grado de coautoría, de un detenido identificado como “El Diablo”.