Se busca la prevención, persecución y sanción de los delitos electorales, destacan.
La consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral del Impepac, Mireya Gally Jordá, y el fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, firmaron el convenio de colaboración para la “Estrategia de Blindaje Electoral en el estado de Morelos” 2023-2024.
Con el acompañamiento de los consejeros del Impepac, en las instalaciones de la fiscalía estatal ambos servidores públicos firmaron la renovación del convenio de colaboración y coordinación para la prevención, persecución y sanción de los delitos electorales
"Es el voto de la ciudadanía y su actuar lo que va a mandar a lo largo de estas elecciones, por lo que celebro que se concrete la firma del convenio de colaboración institucional, lo que dará certeza al proceso electoral local 2023-2024”, señaló la consejera presidenta Gally Jordá.
El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara reconoció el desempeño de los integrantes del Consejo Estatal Electoral del Impepac, al mostrar objetividad e imparcialidad en el manejo de los procesos electivos y destacó la colaboración institucional para velar por el respeto de los derechos y prerrogativas que se encuentran establecidas en la Constitución y las leyes secundarias.
Blanca Belem Mejía Godínez, fiscal Especializada en Delitos Electorales, explicó que el convenio tiene como propósito blindar del proceso electoral 2023-2024; capacitar a los consejos distritales y municipales del Impepac, así como a los partidos políticos, a las candidatas o candidatos independientes; y difundir información entre la sociedad para prevención de los delitos electorales.
Aseguró que la fiscalía especializada y las agencias del Ministerio Público de la entidad están listas para recibir y canalizar las denuncias que se presenten durante el proceso electoral.
También informó que durante la reciente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), la fiscalía especializada ofreció capacitación a alcaldes y funcionarios municipales, con el propósito de que se abstengan de incurrir en actos ilegales previstos en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Recordó que las denuncias más comunes durante los procesos electorales son: la compra y coacción del voto; el condicionamiento de la prestación de un servicio público o de programas gubernamentales; la realización de campañas con el uso de recursos públicos; la coacción o presión a los subordinados para participar en actos de campaña y votar a su favor y el acarreo de votantes con la finalidad de influir a favor o en contra de un determinado partido político.
