Representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadano (Impepac) sostuvieron una reunión para esbozar el convenio de colaboración para intercambiar información sobre deudores alimentarios y saber quiénes no podrán registrarse como candidatos a un cargo de elección popular.

La reunión se desarrolló en la sede del Poder Judicial, donde el magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, y la consejera presidenta del Impepac Mireya Gally Jordá, acompañada de las y los consejeros electorales, abordaron diversos temas vinculados a las funciones de ambas instituciones.

Uno de los tópicos más relevantes fue sobre Registro Nacional de Deudores Alimentarios y el intercambio de información, para efecto de que la autoridad electoral pueda cotejar si algunos de los próximos aspirantes a un cargo cuenta con algún juicio por pensión alimenticia o si es un acreedor alimentario, con el fin de evaluar la viabilidad de sus candidaturas y, en su caso, si procede a negar o revocar sus registros.

Lo anterior, en cumplimiento de diversas disposiciones como  la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias –en vigor desde mayo de 2023- que, entre otras cosas, establece que los padres deudores alimentarios no podrán aspirar a cargos de elección popular.

En este contexto el TSJ y el Impepac planean en breve firmar un convenio para unir los esfuerzos institucionales, con motivo del proceso electoral 2024.