De tal forma que el abogado del estado aceptó que el asunto va más allá de la autorización del monto que aprobó el Poder Legislativo para atender la demanda de los docentes en retiro, pues incluso ya había un acuerdo político para cubrir la referida cantidad.

El consejero dijo que hasta el medio día de este martes, la SCJN no les había notificado sobre la respuesta que habría dado el Congreso local en torno a esta controversia, pero dejó en claro que no se tiene previsto “en este momento, un desistimiento”.

Cuestionado sobre la exigencia de legisladores y jubilados de retirar dicho recurso, expuso “somos muy respetuosos de las manifestaciones de cada uno de los poderes y de los grupos sociales, pero también el Gobierno del Estado es responsable en el ejercicio de sus facultades, y entre ellas están planteadas las controversias”.

Dijo que se trata de una cuestión de carácter técnico jurídico, pues se le está pidiendo a la Corte que analice las facultades del Congreso en cuanto a las modificaciones presupuestales.

Cuestionado en relación a la posibilidad de que este asunto siente precedente, en el que el Poder Legislativo, sin acordarlo con el Ejecutivo haga modificaciones a los presupuestos, aprobados por el mismo Congreso, dijo que cualquier resolución judicial sienta precedentes y esto es parte de la valoración.

Destacó que hay una orden expresa de la SCJN de que esos 24 millones de pesos no se transfieran, no se realice ningún pago, se mantengan ahí en resguardo, hasta en tanto la Corte dicta una sentencia.

A la pregunta de los fondos de los que proviene entonces, el primer pago que ya se hizo desde el viernes pasado, el consejero dijo que “de ninguna manera hay ninguna violación, ya que existe un antecedente de otra cantidad que fue otorgada, pero no en el concepto que está determinado en ese decreto, son otro tipo de apoyo, etiquetados con otro concepto distinto a lo que se contiene en ese decreto”.

Mencionó que desconoce de dónde provienen los fondos, y de qué concepto o rubro. De tal manera que no se reconoce el pago de prima de antigüedad a los jubilados.