La CES emitió el acuerdo por el que el extinto Centro Nacional de Arraigo se convierte en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”.

Oficialmente Morelos cuenta con un nuevo “penal” luego de que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) emitió el acuerdo por el que el extinto Centro Nacional de Arraigo se convierte en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”.

En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo que incorpora al sistema penitenciario estatal estas instalaciones, ubicadas en el bulevar Cuauhnáhuac, en Cuernavaca, y que hasta 2020 perteneció a la Fiscalía de la República la Republica (FGR), que a su vez transfirió el inmueble al gobierno de Morelos.

Conforme al documento, este nuevo centro de reclusión estará catalogado como de seguridad media-alta y albergará únicamente a personas que se encuentren a disposición jurídica de una autoridad jurisdiccional que cuenten con una pena de prisión, y a aquellas personas que requieran medidas especiales de seguridad, es decir, serán reubicados ahí todos los internos que estén sentenciados por delitos graves o los que, por estar implicados en delitos de alto impacto, requieran ciertas medidas para preservar su integridad.

A partir de este acuerdo, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Morelos, Jorge Israel Ponce de León Borquez, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las acciones necesarias que le permitan asumir la dirección, operación, organización, administración y equipamiento del Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”.
En octubre de 2020, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue testigo de honor del convenio de transferencia del extinto Centro Nacional de Arraigo de la FGR al gobierno del estado.

En ese entonces se informó que estas instalaciones, con unas adecuaciones y remodelaciones, serían apto para la reubicación de 804 internos, y con ello se lograría despresurizar hasta un 20% la población en los centros de reclusión estatales, donde todavía prevalece el hacinamiento.

Aunque las autoridades penitenciarias mantienen en reserva cuándo comenzaría la ocupación y funcionamiento del nuevo centro penitenciario, en el acuerdo se estableció que estas acciones serán en cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su Artículo 5 advierte que los centros penitenciarios deberán garantizar que mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; y las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales.