De esa partida deben salir recursos para pagar reclamo de comisionado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la asignación presupuestal hecha por el Congreso local al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para el ejercicio fiscal 2024; y, eventualmente, el órgano de transparencia deberá de tomar de ese presupuesto los recursos para hacer frente al reclamo del comisionado Roberto Yáñez Vázquez de una compensación.

De acuerdo con la controversia constitucional 32/2024, el IMIPE solicitó el año pasado 30 millones de pesos de presupuesto para el 2024, sin embargo, el Poder Legislativo decidió asignarle solo 25 millones, de cuya cantidad el instituto podría tomar una parte para hacer frente al juicio de amparo 130/2023, en el que el comisionado exigió el pago de los meses no trabajados debido al litigio que impidió que él y su homólogo fallecido, Marco Antonio Alvear, entraran en funciones durante 30 meses. El instituto alegó que la decisión del Congreso de facto le redujo un 30% del presupuesto asignado.

Sin embargo, en el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, aprobado por mayoría del Pleno del tribunal constitucional, se concluyó que los reclamos del IMIPE son infundados, “porque conforme a la Constitución de Morelos, al Congreso le corresponde el análisis, discusión y aprobación del presupuesto sin que se le exija lo propuesto en el anteproyecto”.

La ministra ponente explicó que “el órgano legislativo motivó su decisión tomando como parámetro el presupuesto del año pasado, esto, a nuestro criterio, es suficiente para determinar que la determinación final no fue arbitraria de parte del Congreso y que, por lo tanto, no se acredita ninguna violación al principio de violación a la división de poderes.

“Por otro lado, tampoco se considera que el Congreso haya etiquetado parte del presupuesto para el pago de obligaciones específicas. Aunque en el anexo 22 del presupuesto de egresos del estado de Morelos, el Congreso indicó que una partida de 7 millones de pesos podría destinarse para el cumplimiento de la sentencia del amparo que señaló el instituto, esto atendió únicamente a las necesidades que el propio instituto hizo el conocimiento del órgano legislativo, y pretendió puntualizar de manera expresa que, en caso de que se formalizara una obligación a cargo del instituto, este podría utilizar los recursos que le fueron asignados para afrontarla.

“En otras palabras, el Congreso local asignó 25 millones de pesos sin limitación de destino de gasto, porque en la época de discusión y aprobación del presupuesto, el juicio de amparo al que se ha hecho referencia, ni siquiera estaba resuelto en definitiva, ni se ha establecido cantidad líquida a pagar por parte del actor”, estableció la ministra ponente en el proyecto de sentencia que fue aprobado por la mayoría de sus homólogos.

Con base en estos argumentos, se declaró la constitucionalidad de la partida presupuestal asignada al órgano de transparencia para el 2024.