Jufed rechaza postura de Consejo de la Judicatura Federal.
Por mayoría de votos, la Cámara de Senadores aprobó las reglas y los plazos en que habrá de desarrollarse tanto la elección extraordinaria, como ordinaria de jueces, ministros y magistrados, mediante el voto popular.
Paralelamente, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó su rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de participar en el proceso de aplicación de la reforma judicial.
Con 81 votos a favor y 41 en contra, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en la que se estableció que la elección ordinaria de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas, se llevará a cabo el primer domingo de junio del año que corresponda de manera concurrente con los procesos electorales en que se renueve cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Pero para el proceso extraordinario se fijó el primer domingo de junio de 2025 para llevar a cabo una jornada electoral para elegir la totalidad de los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y a las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de los magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para el caso de los magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, es decir, la elección de la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial se hará en 2025 y la otra parte en el 2027.
En artículos transitorios del dictamen de la reforma a la Legipe, se dispuso que el Senado de la República, para el proceso electoral de 2025, emitirá la convocatoria general dirigida a los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para integrar el listado de candidaturas a más tardar el próximo 16 de octubre.
Luego, los tres Poderes instalarán sus respectivos comités de evaluación para verificar que los aspirantes reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad, a más tardar el 31 de octubre de este año; y tendrán hasta el 4 de noviembre para publicar las convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.
El plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los comités de evaluación comprenderá del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024; y a más tardar el 31 de enero de 2025, dichas instancias calificarán la idoneidad de las personas elegibles.
Los comités de evaluación seleccionarán los perfiles mejor evaluados para cada cargo y remitirán los listados correspondientes a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión, mismos que determinarán su conformidad en un plazo que comprende hasta el 4 de febrero del siguiente año.
Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales incluyó una disposición para que ni los partidos políticos ni las personas servidoras públicas, puedan realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia.
Además, se prohíbe el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con este proceso, así como la contratación de tiempos de radio y televisión para la promoción de los candidatos, de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales.
Jufed contra postura del CJF
A través de un comunicado, la Jufed expresó su enérgico rechazo a decisión del CJF de participar en la ejecución de la reforma judicial, en franco desacato a las suspensiones emitidas por diversos jueces de distrito y sin antes haber dialogado con los juzgadores federales, “lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país”.
También expresó su preocupación por la decisión de llevar a cabo una “tómbola” para seleccionar a las personas juzgadoras que serán sustituidas en el proceso extraordinario de elección del próximo año.
“Consideramos que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional”, señaló en su comunicado, en el que, insistió, la reforma atenta contra la autonomía e independencia judicial.
