Estas diferencias provocan que las sentencias judiciales, puedan considerarse legales pero han dejado de ser legítimas desde la óptica ciudadana, las ofensas y el distanciamiento entre poderes en una nación en desarrollo, con un bajo nivel educativo, generan un alto nivel de confusión que puede detonarse si el resultado de la elección exige la intervención del Poder Judicial para concluirse. Es decir, si la diferencia entre el primer y segundo lugar es similar al resultado presidencial de 2006 (0.5%).

Hoy, la guerra contra el narcotráfico tiene a México herido. Pero no es sólo la violencia la que ha provocado el dolor ciudadano, son también la impunidad y la corrupción las que tienen al país indignado, viviendo en el hartazgo. La problemática es compleja, sobre todo porque una lucha contra el crimen no estará completa a menos que se imparta justicia y las autoridades dejen de permitir que los delincuentes sigan amasando poder, señala Luis Kaim Gebara, director general de Estrategia y Comunicación. Sin embargo, las instituciones del Estado Mexicano no han podido acabar con la impunidad que reina en el país y ahora en lugar de trabajar por erradicar este grave mal se han dedicado a señalarse mutuamente, tratando de eludir la responsabilidad que les corresponde.

Una de las características del sistema político mexicano no sólo del Siglo XX, fue la supeditación de los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad del Ejecutivo. A partir de la alternancia en el poder presidencial, los otros poderes cobraron relevancia y autonomía, lo que ha sido particularmente claro en el caso del Congreso, que de instrumento legislativo de gobierno se convirtió en contrapeso político.

Sin embargo, el Poder Judicial se había mantenido relativamente al margen de las disputas políticas. Ocasionalmente, alguna controversia constitucional puso a la Suprema Corte en el centro del debate mediático contra otros poderes, pero nada que no se extinguiera con lo efímero de una noticia.

Hoy se viven tiempos distintos. Por primera vez en el México contemporáneo se da una serie de señalamientos públicos entre el Presidente de la República y los jueces. El fondo de la discusión es precisamente la impunidad que alienta las actividades criminales y, por ende, la violencia. El presidente Calderón recriminó a los jueces el hecho de que el Ministerio Público “atrapa y atrapa y atrapa” a presuntos delincuentes, y los jueces “los sacan, los sacan y los sacan”. Sin hablar específicamente de algún caso, Calderón refirió implícitamente el caso de Jorge Hank y el más reciente el del ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno.

En una reacción más tendiente a la arrogancia que a la capacidad autocrítica, el Consejo de la Judicatura Federal respondió duramente al titular del Poder Ejecutivo, afirmando que se ponía en riesgo la gobernabilidad del país, y que Calderón actuaba “por consigna”. Mensaje inédito y grave. Grave porque más allá de partidos y filiaciones políticas, México libra una batalla diaria en contra de la delincuencia organizada. Mientras las recriminaciones entre poderes plagan las planas de los diarios, los delincuentes se dan un festín de impunidad. Nadie, salvo los criminales, ganan con la animadversión pública entre jueces, legisladores y el presidente. La realidad es que a pesar de las justificaciones políticas y éticas de la lucha contra el crimen organizado, hoy es un tema costoso en la opinión pública.

El presidente no valora justo cargar en soledad con el costo histórico de la violencia desatada en los últimos años. De ahí la recriminación a los jueces por soltar delincuentes, a los legisladores por no aprobar reformas y a los gobernantes locales por no librar, en sus términos, la guerra contra el narco. El Poder Judicial mientras tanto no quiere que el pedestal impoluto en el que operan sus jueces se manche con la realidad nacional, aunque es cierto que cientos de criminales caminan libres por las calles gracias a los amparos de jueces que esconden corrupción bajo la toga. Sin generalizar ni estigmatizar, es válido decir que el Poder Judicial es el que menos ha sido expuesto al escrutinio público en los últimos años, concluye el investigador.

El CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS

Desde que se dio paso a la transición democrática, el Poder Ejecutivo no ha logrado encontrar un esquema para construir su relación con el Poder Judicial, algunos advierten como razón de peso, la definición que cada uno le da a los derechos humanos. El Judicial considera que deben ser como la Constitución lo marca, en tanto que consideran que el Ejecutivo pretende implementarlos bajo la óptica del Fondo Monetario Internacional.

En mayo de 2001el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU propuso mayor integración de los derechos humanos a los programas de desarrollo, entendiendo estos en seis puntos básicos que son: Una firme protección de las libertades civiles y políticas, estrategias presupuestarias y de crecimiento que favorezcan a los pobres, políticas que permitan a los individuos recibir suficiente alimentación, educación y cuidado a la salud, amplia participación en la elaboración de políticas, preocupación ante los problemas ambientales y sociales, y lucha contra la discriminación.

Desde 1999, el FMI ha dado importancia primordial a la reducción de la pobreza en su estrategia para los países de bajo ingreso, reconociendo que el crecimiento y la estabilidad macroeconómica no bastan para elevar los niveles de vida, desde 2001 Horst Köhler, director del FMI, dijo que la participación de los pobres en el proceso de desarrollo es importante y por ello sugiere que los gobiernos impulsen un entorno en el que puedan los pobres mantener, proteger e incrementar su calidad de vida, estimulando así estrategias económicas enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos.

El Banco Mundial en su informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001 lucha contra la pobreza, reconoce como pobreza además de la falta de ingreso y de desarrollo humano, a la vulnerabilidad y la incapacidad para hacerse oír, falta de poder y de representación, la colaboración del Banco Mundial y el FMI advierten que estos temas no quedaran al margen de la agenda de ambas organizaciones. Nada impide que los países miembros del FMI incluyan propuestas de derechos humanos en sus proyectos, todo depende de la capacidad de cada gobierno y la prioridad de participación social que ellos consideren.

Sergio Pereira Leite advierte en un ensayo sobre derechos humanos y el FMI, que los desequilibrios macroeconómicos y las elevadas tasas de intereses impactan en los índices de pobreza, sus salarios no cuentan con ninguna protección contra la inflación que también ocasiona distorsiones y contribuye a una desequilibrada distribución de la riqueza.

El buen funcionamiento del sistema financiero, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica pueden contribuir a crear un entorno favorable para disminuir la pobreza, pero por si solos no protegen los derechos humanos, son sólo condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico de alta calidad.

Este es el esquema que dicen especialistas han estado aplicando los gobiernos panistas.

La Constitución señala: en el Capítulo Primero de los Derechos Humanos y sus Garantías.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Estas diferencias forman parte del catálogo de expresiones por las cuales el Poder Ejecutivo y el Judicial siguen enfrentándose.

EL CASO MORELOS

En el ámbito municipal, en Morelos se han registrado elecciones cuyo margen de triunfo ha sido en una ocasión de un voto y en otra de tres votos, las determinaciones de las autoridades electorales han sido aceptadas en ambas ocasiones, y en el 2000 se repitió una elección porque así lo ordenó la autoridad electoral, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección de gobernador se ha reducido, y para la próxima jornada un amplio sector de especialistas advierte que la actitud de los partidos políticos y de sus precandidatos, puede ser mínima y provocar una movilización social que demande la intervención de las autoridades del Poder Judicial.

En los próximos 100 días y justo antes de que se declare legalmente iniciado el proceso electoral, desde el Congreso y con la participación del Poder Ejecutivo, deberá determinarse si los tres magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral (Oscar Añorve, Hertino Avilés y Fernando Blumenkron) continúan en el cargo, o son sustituidos a escasos 180 días de la jornada del 1 de julio de 2012, tienen como experiencia la elección de 2009, cuando se revisó la posibilidad de asignar o no a la bancada priista tres espacios plurinominales, luego de que con cerca del 35% de la votación emitida, lograron mayoría en 15 de los 18 distritos electorales, lo que les asignó de forma directa 15 de los 30 escaños.

Los magistrados locales consideraron que sí debían rendir protesta los tres legisladores plurinominales, el Tribunal Federal consideró que no, y el Congreso quedó integrado por 15 legisladores priistas y 15 no priistas, de ahí se necesitan 20 votos para lograr la ratificación de los magistrados. En un análisis simplista, 15 los consideran afines a la causa tricolor y 15 contrarios a los intereses de las organizaciones que los llevaron al Congreso local, de éstos últimos hay tres que consideran que los magistrados “determinaron negarles la oportunidad de servir a Morelos, lo que sí les permitió la federación”.

Tema que complica la reelección de los magistrados, sin embargo la separación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Víctor Manuel González Cianci, advirtió desde 2004, que la relación entre poderes había cambiado, la crisis se manifestó en un nivel superior durante la gestión de Ricardo Rosas Pérez, quien recurrió a todos los elementos jurídicos a su alcance, para revelarse contra una determinación tomada desde el Ejecutivo y el Legislativo.

LA ERA DE ROSAS PÉREZ

El 17 de mayo de 2004 cuando Ricardo Rosas Pérez por primera vez se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su primer escándalo fue la absolución del júnior Juan José Pedro Sarquís, quien en octubre de 2002 habría quitado la vida con un arma de fuego a su amigo Braulio Paredes, tras una discusión sobre quién de los dos tenía más dinero. En el 2004 surgió el caso del juez Sebastián Sedano Quintanilla, quien fue acusado de influir en un expediente que involucraba a su sobrina política y por lo cual la Procuraduría estatal solicitó la acción penal en contra del juzgador. Sin embargo, el tribunal negó la orden de aprehensión bajo el supuesto de que los jueces tenían fuero.

En el 2005, Rosas Pérez y el recién creado Instituto Morelense de Información Pública protagonizaron un pleito político-legal, ante la negativa de dar a conocer información sobre los “créditos” que recibieron los magistrados a costa del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia.

En mayo de 2006, Ricardo Rosas fue reelecto por segunda ocasión, tiempo en el que la atención estaba en el proceso electoral para elegir gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, senadores y presidente de la República. En el 2007, las críticas recurrentes en contra de Rosas Pérez y sus colaboradores fueron de estricto control dentro del Tribunal y los beneficios económicos concedidos por el Consejo de la Judicatura a altos funcionarios judiciales.

El 17 de mayo de 2008 se concretó de nuevo la elección de Ricardo Rosas para un periodo más en el Tribunal Superior de Justicia. Pero él y sus colaboradores tendrían que enfrentar un periodo bastante turbulento, pues en junio de 2008, el PAN en el Congreso impulsó una reforma constitucional que, entre otras cosas, eliminó la “inamovilidad vitalicia” y modificó la estructura y funcionamiento del Tribunal y el Consejo de la Judicatura. El 17 de mayo de 2008 se concretó de nuevo la elección de Ricardo Rosas para un periodo más en el Tribunal Superior de Justicia. Pero él y sus colaboradores tendrían que enfrentar un periodo bastante turbulento, pues en junio de 2008, el PAN en el Congreso impulsó una reforma constitucional que, entre otras cosas, eliminó la “inamovilidad vitalicia” y modificó la estructura y funcionamiento del Tribunal y el Consejo de la Judicatura.

La reforma fue aprobada y entró en vigor el 16 de julio de ese año y a nombre del TSJ se promovió la controversia constitucional 88/2008 y Rosas junto con otros magistrados promovieron el juicio de amparo 1160/2008 que cayó en el Juzgado Segundo de Distrito, para evitar que les quitaran la inamovilidad y otros beneficios. Pero el día 24 de junio La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó con votación de 9-2 negar un amparo al magistrado Ricardo Rosas Pérez como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que fue removido.

El 14 de diciembre de 2010 el gobernador Marco Antonio Adame Castillo acudió al aniversario del Tribunal Superior de Justicia, ya bajo la presidencia de Miguel Ángel Falcón Vega, y con la presencia de Andrés Hipolito Prieto y Carmen Cuevas, el reportero Jesús Castillo publicó en La Unión de Morelos un amplio reportaje sobre los enfrentamientos y las consecuencias que durante los últimos años se vivieron entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Morelos.

En donde advierte: “El Partido Acción Nacional lleva exactamente 10 años intentando que el Poder Judicial, de plano se someta al Ejecutivo, o por lo menos exista una línea que permita al gobernador influir en las decisiones jurisdiccionales”.

“No hay de qué espantarse. Durante el ‘priato’ los magistrados eran designados directamente por el gobernador en turno y el presidente del TSJ era el equivalente a un secretario de gabinete. Entonces es entendible que el PAN-Gobierno intente tener magistrados a modo en el Poder Judicial de Morelos de la misma manera que tiene ministros en la Suprema Corte”.

En su análisis reconoce la constante búsqueda de “empanizar” al TSJ por parte del partido que gobierna Morelos. “Habrá que recordar que el primer magistrado ‘cien por ciento panista’ que logra meter el blanquiazul al TSJ es Andrés Hipólito Prieto, con el antecedente de haber sido el consejero jurídico de Sergio Estrada en el Ayuntamiento de Cuernavaca (circunstancia que utilizó Ricardo Rosas para negarle la ratificación, y que lo mantuvo durante meses fuera del TSJ hasta que ganó el amparo y se convirtió en inamovible)”.

Sin embargo, el pleno siguió siendo dominado por diferentes grupos, ninguno afín al panismo. En el 2004 llegó a la presidencia Ricardo Rosas Pérez impulsado por lo que quedaba del llamado grupo de “Los Federales” (llamados así porque todos provenían del Poder Judicial Federal) que lideraba el magistrado Jesús Dávila Hernández. Ya en el cargo de presidente Ricardo Rosas rompió con Dávila y formó su propio grupo de incondicionales, con el que logró sostenerse en el poder durante seis años y ya había logrado una tercera reelección para llegar a ocho, pero el presidente Felipe Calderón influyó en la Suprema Corte para que le retiraran el amparo que lo sostenía en el puesto.

Y es que Ricardo Rosas Pérez negoció con los panistas del nuevo gobierno (a través de Javier López Sánchez) para que entrara al TSJ la ultraderechista Leticia Tabeada, a cambio de que ratificaran a magistrados afines a él y lograr así su primera reelección, pero en cuanto la consiguió rompió con la administración de Marco Adame.

Tres factores fueron determinantes para que los poderes Ejecutivo y Judicial no se llevaran bien durante estos últimos cuatro años: el caso del juez Prisciliano Sedano, acusado de irregularidades graves y quien fue protegido hasta sus últimas consecuencias por Rosas Pérez; la designación de Pedro Luis Benítez Vélez (amigo íntimo de Jesús Dávila) como procurador de justicia; y el intento del Congreso (dominado por panistas) de “madrugar” al Poder Judicial con una ley que terminaba con la inamovilidad de los magistrados, lo que finalmente lograron.

En su análisis Jesús Castillo señala la importancia de la relación de Ricardo Rosas con Graco Ramírez y Guillermo del Valle, que pudo dar marcha atrás desde el Congreso a la ley anti inamovilidad.

Por eso fue que a unos días de dejar el cargo de presidente de la Junta Política y de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez encabezó la operación para designar a seis nuevos magistrados que tuvieran como característica ser afines al panismo y/o estar en contra de Ricardo Rosas Pérez.

Así, fueron nombrados magistrados del TSJ Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, el primero ex representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral y el segundo ex presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cargo subordinado al gobernador. Completan la lista Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Castro Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín.

Ellos, a pesar de tener el nombramiento, no pudieron asumir el cargo sino hasta que la SCJN lo ordenó, en una clara operación política manejada desde Los Pinos.

Derrocado Rosas Pérez y con los nuevos magistrados integrados al pleno, la mayoría decidió apoyar a Miguel Ángel Falcón Vega, quien infructuosamente había intentado ganarle la presidencia a Ricardo Rosas en la elección del 17 de mayo pasado. Así, Falcón Vega fue ungido presidente el 2 de julio del 2010, pero a cambio de muchos compromisos.

Con la llegada de los nuevos magistrados también apareció en escena un nuevo protagonista en la historia del TSJ: Julio Ernesto Pérez Soria.

De esta manera, el pleno del Tribunal Superior de Justicia ha quedado dividido en tres bloques: los que apoyan a Miguel Ángel Falcón, que son Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Carmen Cuevas, Ángel Garduño, Leticia Taboada y Norberto Calderón Ocampo. Los que alguna vez fueron considerados afines al anterior presidente Ricardo Rosas: Nadia Lara, Virginia Popoca, Ezequiel Honorato y Rocío Bahena, quien a últimas fechas ha votado con el grupo de Falcón.

Y finalmente, los que desde ahora ya son considerados abiertamente “enemigos del presidente”, o lo que es lo mismo integrantes del grupo de Pérez Soria: Valentín González (quien promovió un amparo para intentar regresar al Consejo de la Judicatura), Rubén Jasso Díaz, Guillermina Jiménez Serafín y María Idalia Franco Zavaleta.

Tomando en cuenta que los magistrados supernumerarios no tienen voto al interior del pleno, el grupo opositor al presidente se reduce a dos, que sumados a los de Rosas Pérez (aunque habría que aclarar que ya no tienen relación alguna con el ex presidente) son cinco, en tanto que Falcón Vega goza de la simpatía de cinco de sus compañeros y puede votar por sí mismo.

Habrá que recordar también que la vacante que dejó Ricardo Rosas Pérez no ha sido ocupada y quien la ostente interinamente tiene derecho a voto.

Y hay un dato que Miguel Ángel Falcón no debe perder de vista en su abierto enfrentamiento con Valentín González: en sus años mozos Valentín quiso ser ingeniero, para lo cual se fue a estudiar a Chapingo, junto con un amigo de la infancia de nombre Amado Orihuela Trejo. Ninguno terminó la carrera, pero la amistad prevalece.

Un dato más: Pedro Ocampo, cercanísimo colaborador de Amado Orihuela, es esposo de la magistrada Virginia Popoca.

Con esta investigación del reportero Jesús Castillo, se exhiben algunas de las razones por las cuales hay cuando menos dos conflictos que impactan en la intervención del Poder Judicial en la vida democrática.

En Morelos el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Estatal Electoral y todas las instituciones encargadas de procurar justicia han sido partidizadas con métodos más complejos desde que se inicio la transición, rumbo a la alternancia, un tema prioritario será realizar una reforma del estado que defina y limite atribuciones y responsabilidades de los tres poderes, y se establezca hasta donde podrán involucrarse de manera directa los partidos en temas diferentes a los de la participación política. Otra alternativa es limitar las atribuciones de lo partidos que hoy atienden todo, menos elevar el nivel de la competencia política en tiempos electorales, han dejado de ser organismos de interés público y son agencias de colocaciones y de protección de impunidades, debe crearse una ley de partidos cuyo cumplimiento debe vigilar el Poder Judicial, los poderes deben ser complementarios y quedar ajenos a la intromisión de partidos. Hoy el riesgo es que los empleados judiciales mantienen una intensa relación personal y profesional con protagonistas del proceso electoral, que permite actos legales que no siempre son justos.