JUFED señala “graves inconsistencias” que ponen en riesgo el proceso y abren la puerta a irregularidades, como la compra del voto y el acarreo de electores.

La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a suspender la elección de juzgadores, ante “graves inconsistencias” que ponen en riesgo el proceso y abren la puerta a irregularidades como la compra del voto y el acarreo de electores.

Por medio de un comunicado, esta agrupación expuso que el propio INE admitió que enfrenta desafíos logísticos ante un recorte presupuestal del 52% por parte del Congreso de la Unión, la reducción hasta en un 43% de casillas y la disminución de personal para el proceso extraordinario para la elección de juzgadores.

Adicionalmente, señaló que no hay una revisión del padrón electoral y que la complejidad del modelo de votación, que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, confundirá a los electores y propiciará el voto superficial y mal informado en los comicios programados para el próximo 1 de junio.

“Dichas condiciones comprometen directamente la calidad del proceso electoral y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección. Además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación”, sostuvo, al señalar que los consejeros del INE también afirman que la participación ciudadana en el proceso podría caer drásticamente con menos del 10% de los electores.

Reiteró que este proceso no sólo amenaza la independencia judicial y sería violatorio de las suspensiones otorgadas por diversos jueces contra la reforma judicial, sino que orillaría a los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla a incurrir en desacato judicial, cuya conducta es sancionable.

La JUFED anunció que continuará con las vías de acción en el ámbito nacional y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la vulneración del estado de derecho que implicó la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación.