Debe demostrar gestiones para presupuesto de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura.

Un juez federal apercibió con multar y hasta destituir al fiscal estatal, Édgar Maldonado Ceballos, si no presenta pruebas de sus gestiones para obtener el presupuesto para la operación de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, luego de que durante meses, el Congreso local, la Secretaría de Hacienda y la propia fiscalía no definen la asignación de los recursos.
Hace unos días, la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos informó al Juzgado Segundo de Distrito “que no existe presupuesto extraordinario para el cumplimiento de sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco” y, por lo tanto, no cuenta con presupuesto para que la fiscalía estatal ponga en marcha la fiscalía especializada para combatir el delito de tortura y se dé cumplimiento al fallo judicial.

El Congreso local también se deslindó del asunto, argumentando ante el juzgado de distrito que la fiscalía estatal fue dotada de recursos suficientes para su operatividad, incluyendo la de la fiscalía especializada de reciente creación.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda justificó que la Fiscalía General del Estado de Morelos puede solicitar al Poder Ejecutivo una reasignación interna de recursos dentro de su techo presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo décimo quinto del dentro de Presupuestos de Egresos 2025.

Es decir, que de los propios recursos de la fiscalía estatal salga la partida presupuestal -estimada en cinco millones de pesos-, para el funcionamiento de la fiscalía especializada en el combate del delito de tortura.

Ante este escenario, el juzgado de distrito pidió al fiscal estatal, Édgar Maldonado Ceballos, quien cumplió apenas dos meses en el cargo, realizar las gestiones correspondientes para obtener el presupuesto para la fiscalía especializada, ya que no ha solicitado la adecuación presupuestal al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; y dados los informes tanto del Congreso, como de la Secretaría de Hacienda, es necesario que pruebe ante la autoridad jurisdiccional federal que realiza las gestiones para obtener la partida financiera.

Lo anterior, “en la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia”. 
En el 2017, cuando fue expedida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, en los artículos transitorios se ordenó a entidades federativas crear sus fiscalías especializadas en un plazo de 90 días.

En 2021, la Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) promovió un juicio de amparo contra la omisión del Congreso de Morelos de crear la fiscalía especializada y, en sentencia, el Juzgado Segundo de Distrito estableció la negligencia parlamentaria y ordenó cumplir con lo previsto en la ley general.
La sentencia fue confirmada por un tribunal colegiado, pero fue hasta diciembre de 2023 cuando, ante el apercibimiento del juzgado federal de iniciar un incidente de inejecución de sentencia para la destitución de los integrantes de la anterior legislatura, el Congreso local aprobó el decreto para la creación de la nueva fiscalía, pero no destinó el presupuesto para su operatividad.
Desde entonces, y a pesar de los constantes requerimientos del juzgado federal, el asunto sigue sin resolverse y la sentencia sin cumplirse.