El TSJ peleará presupuesto ante la SCJN: Gamboa Olea.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) comenzará una auditoría especial al Poder Judicial del Estado de Morelos para revisar sus cuentas públicas de los últimos cuatro años, derivado de una supuesta “denuncia anónima”.

Además, el Poder Judicial analiza la promoción de una nueva controversia constitucional porque en la Ley de Egresos del 2025 el Congreso local no le asignó el 4.7% del presupuesto estatal programable que le toca conforme a su autonomía financiera, y requerirá el cumplimiento de la controversia resuelta el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, confirmó que la ESAF le notificó el inicio de una auditoría especial para revisar los ejercicios fiscales del Poder Judicial correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Dijo no tener inconveniente en atender todos los requerimientos que le haga el órgano fiscalizador para realizar esta revisión, sin embargo, consideró sospechosa esa supuesta “denuncia anónima”, porque todo parece indicar que la que petición la realizó un grupo de magistrados (del bloque opositor), y la ESAF ahora pretende realizar una nueva revisión a los ejercicios fiscales que ya habían sido auscultados, observados y cerrados sin irregularidades, con excepción del 2024, que apenas culminó.

“Ellos nos están notificando que es en base a una denuncia anónima, sin embargo, nosotros teníamos conocimiento de que se presentó por parte de unos magistrados del TSJ ese escrito donde se solicitaba la auditoría especial.

“Aquí lo extraño que sucede es que la propia ley señala que cuando se solicita una auditoría especial se tienen que presentar pruebas para que se reabran los ejercicios, no es reabrirla por reabrirla”, explicó.

Lamentó que nuevamente se intente “politizar un espacio jurídico, un espacio legal, un espacio en donde nuestra obligación es servir a los gobernados”.
En otro tema, Gamboa Olea detalló que analiza promover una nueva controversia constitucional contra el Poder Legislativo, debido a que en el presupuesto 2025 no sólo le redujo 130 millones de pesos, sino que no cumplió con la asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable que le corresponde.

Paralelamente, pedirá al tribunal constitucional que requiera al Congreso de Morelos el cumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional 44/2024 –resuelta el 5 de diciembre de 2024- para efecto que se entreguen al Poder Judicial cerca de 300 millones de pesos que le fueron restados a su presupuesto 2024, como resultado de omisiones legislativas y un cálculo incorrecto del presupuesto estatal programable, con base en el cual se calcula el 4.7% del presupuesto que le corresponde al Poder Judicial, conformado por los tribunales Superior de Justicia  (TJ) y de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA).

Agregó que dado que no se dio cumplimiento en el término fijado por la SCJN, “nosotros estaríamos solicitándole a la Corte se dé cumplimiento (…) la ejecución forzosa. Normalmente el artículo 46 de la ley reglamentaria señala que les pudieran dar diez días más para que cumplieran”, no obstante, también se espera que en breve el Congreso se pronuncie al respecto.