El procedimiento está en curso contra funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía estatal que participaron en la inhumación de cuerpos en fosas comunes en 2014.
Las hermanas Amalia y María Concepción Hernández, tía y madre del joven Oliver Wenceslao, inhumado irregularmente en las fosas de Tetelcingo, denunciaron anomalías en el proceso penal en curso en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la fiscalía estatal que participaron en la inhumación de cuerpos en fosas comunes en 2014.
A unas horas de que se realice la audiencia intermedia del proceso penal relacionado con la inhumación irregular del cuerpo del joven Oliver –quien fue secuestrado y asesinado-, y 118 restos humanos más, Amalia Hernández afirmó que hay pruebas que no fueron anexadas a la carpeta de investigación y que son importantes para la causa penal, y que la agente del Ministerio Públicos asignada al caso no sólo no está preparada para presentar un juicio consistente y sólido para fincar a los servidores públicos implicados, sino que ha incurrido en ocultamiento de información.
Dijo que se han quejado persistentemente de la incapacidad de la Ministerio Público y han pedido desde hace mucho tiempo al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, que designe a otro represente social que coadyuve en el caso, pero no hay respuesta del fiscal, y todo indica que la intención es sembrar más impunidad y que sean absueltos, incluso, funcionarios que siguen laborando en la fiscalía estatal.
“Al fiscal Uriel Carmona Gándara se le ha hecho de su conocimiento de la nula capacidad que tiene la Ministerio Público que ahorita está representando la carpeta para presentarse a una audiencia intermedia; es una Ministerio Público que no ha desahogado ningún juicio oral, que ya fue amonestada por el juez en la audiencia de noviembre”, explicó, al recalcar que es el propio fiscal Uriel Carmona quien la mantiene a cargo del caso, pese a los yerros y que eso provoque que el proceso penal fracase.
Señaló que presentó un nuevo oficio al Poder Ejecutivo para solicitar el apoyo e intervención tanto de la gobernadora Margarita González Saravia, como del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, respecto de las anomalías que hay en este caso y las cuales fueron evidenciadas en una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
