Las plataformas electorales y las propuestas de gobierno que presentarán los partidos políticos se están construyendo en espacios a los que solo tiene acceso “la clase pensante” de cada organización. Ningún partido ha comenzado una consulta a la sociedad para establecer cuáles son las prioridades de cada uno de los sectores; desde sus oficinas solamente se informa al conglomerado sobre escándalos, consignaciones y denuncias.

La relación de los partidos políticos con la sociedad volverá a sustentarse en la violencia y las descalificación, primero, al interior de las organizaciones y, luego, de una organización a otra. El caso más relevante es el del Partido Acción Nacional. Ésta será su tercera contienda con posibilidades de triunfo y es la primera a la que acude sin tener ya definido un precandidato a la gubernatura y con un divisionismo manifiesto. En octubre de 1999 todos los panistas coincidían en que su abanderado era el entonces alcalde Sergio Estrada; en octubre de 2005 todos aseguraban que su abanderado era el senador Marco Antonio Adame Castillo, quien logró en cinco años un posicionamiento en el panismo y en la política nacional sólido.

Tras la elección de 2006, la actitud y relación del PAN Morelos con sus militantes y con las otras fuerzas políticas se modificó. Aquí Calderón perdió la elección; Morelos dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Influyó el complejo arribo de Felipe Calderón a la ceremonia de toma de protesta de la presidencia de la república, impactó en el ánimo de los panistas locales. Aquí el jefe del Ejecutivo federal iniciaba su gestión en medio de señalamientos y descalificaciones por parte de todos los militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, así como con la “protección y apoyo” de un Partido Revolucionario Institucional que había sufrido una grave derrota quedando como tercera fuerza nacional.

En Morelos, tras la toma de protesta del gobernador Marco Antonio Adame Castillo, se iniciaron una serie de investigaciones desde la Contraloría que hoy los propios panistas reconocen que fueron impulsadas por el coordinador de Asesores y Comunicación Política, Javier López Sánchez, quien fue presidente del comité municipal del PAN en Cuernavaca en 1997, y la ex contralora Patricia Mariscal, hermana de Claudia Mariscal Vega que fue secretaria de Hacienda en el primer tramo del gobierno de Sergio Estrada y separada del cargo de forma sorpresiva. La sustituyó desde esa época Alejandro Villarreal Gasca, actual titular de la dependencia.

Las investigaciones que más trascendieron fueron la de un conmutador cuya adquisición “ilegal e innecesaria” se atribuyó a Alfonso Pedroza Ugarte, quien acompañó a Estrada desde la precampaña a alcalde y hasta el final del gobierno en diversas responsabilidades, y un supuesto desvío de recursos en la Secretaría de Salud, del cual se quiso responsabilizar al ex titular de la Secretaría de Salud, Antonio Campos Rendón. También se anunciaron otras investigaciones como una en la Comisión Estatal del Medio Ambiente, cuando era titular Javier Bolaños Aguilar, ex diputado federal y actual subsecretario de Gobierno. En todas ellas se mencionó en los medios de investigación “la sospecha desde el gobierno que los ilícitos se realizaron con el conocimiento del ex gobernador”.

En el 2008, el gobierno enfrentó una movilización magisterial de varios meses porque los profesores de educación básica rechazaron la implementación en Morelos del Acuerdo para Elevar la Calidad de la Educación; bloquearon el centro de Cuernavaca y suspendieron labores. El secretario de Gobierno era el senador con licencia en aquel momento, Sergio Álvarez Mata; renunció a ese cargo para participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca en la contienda de 2009. A principios de ese año, el ex gobernador Sergio Estrada anunció su renuncia al Partido Acción Nacional y semanas después su apoyo a los candidatos del PRI en todo el estado, incluso acudió a una reunión en el mercado con el candidato priista Manuel Martínez Garrigós.

RESEÑA DE LAS DESCALIFICACIONES

Cuando Jorge Díaz Serrano fue separado de la Dirección General de Petróleos Mexicanos en una etapa en la que luego de su intervención en la Cuarta Reunión de la República, realizada en Cancún, ya se le consideraba como “amarrado para la candidatura presidencial”, se inició la tradición priista de eliminar adversarios a través de la difamación. El ingeniero nativo de Sonora fue cuestionado durante meses por supuestos desvíos de recursos en Pemex. José López Portillo lo nombró candidato a senador, y rindió protesta.

El candidato a la presidencia de la república fue Miguel de la Madrid; su lema de campaña fue “La Renovación Moral de la Sociedad”. Al comienzo de su gestión creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y se fundó en 1983; el primer titular fue Francisco Rojas Gutiérrez. Esta dependencia se encargó de construir el expediente contra el ex director de Pemex, el cual se consignó ante la Procuraduría General de la República. El senador fue desaforado, consignado y sentenciado.

En su momento, los propios priistas aseguraban que el error de Díaz Serrano fue haber menospreciado la perversidad de De la Madrid.

En el 2005, cuando Arturo Montiel dejó el gobierno del Estado de México y anunció que buscaría la candidatura presidencial, se creó un grupo al que llaman “Unidad Democrática”. Los priistas lo reconocen como el Tucom (Todos Unidos Contra Madrazo). La aspiración es del cinco de agosto al 20 de octubre; cuando declina de su aspiración luego de que su contrincante lo acusó de enriquecimiento ilícito, exhibieron la propiedad de diversas residencias en varios países (Francia y España). El gobierno del Estado de México le siguió una investigación pero no lo encontró culpable de ningún delito. Reapareció públicamente en la toma de protesta del nuevo gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Roberto Madrazo, en 2005, era presidente del CEN del PRI. Durante su gestión salió de ese instituto político Elba Esther Gordillo, quien era secretaria general del tricolor y diputada federal. Hace unas semanas ella reconoció que apoyó al candidato presidencial panista Felipe Calderón. Hoy busca acercarse a la estructura de Enrique Peña Nieto. Madrazo fue candidato presidencial y quedó en el tercer lugar de las preferencias electorales de 2006, elección en la que el candidato priista a la presidencia de la república del 2000, Francisco Labastida Ochoa, llegó como senador de la república.

En el Partido de la Revolución Democrática también tienen tradición “descalificadora”. La salida de Rosario Robles el tres de marzo de 2004. En televisión nacional se mostró a René Bejarano, líder de la fracción parlamentaria del PRD en la asamblea del DF, cuando recibía dinero del empresario Carlos Ahumada, posteriormente se presentaron videos donde Ramón Sosamontes y Carlos Imaz también recibían dinero “para favorecer campañas de perredistas”. Todos aseguraron que fue la entonces presidente del PRD, Robles Berlanga, quien les había presentado al empresario argentino.

El acuerdo, dijeron, era favorecer al empresario con contratos desde el gobierno del Distrito Federal, que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

La fundadora del PRD renunció al cargo de presidente del Comité Nacional, enfrentada con el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente también renunció públicamente a la militancia en esa organización luego de que fue señalada por los perredistas por mantener una relación personal con el empresario argentino. En 2006 se pronunció a favor de una cuarta candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y anunció su intención de buscar la candidatura al gobierno del DF. Hoy es consultora política y apoya las campañas electorales de mujeres. Participó en la campaña de la candidata priista a la gubernatura de Yucatán, Ivonne Ortega, quien triunfó en ese proceso.

René Bejarano fue secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, desaforado como asambleísta y encarcelado a consecuencia de la denuncia que presentó en su contra por corrupción en un programa de televisión el diputado panista Federico Döring, el seis de julio de 2005. Salió de prisión luego de cubrir con los documentos de una casa una fianza por 171 mil pesos que le fijó la autoridad. En 2008 anunció su regreso a la vida pública a través de la organización “Movimiento Nacional por la Esperanza”. Es esposo de la ex delegada de Cuauhtémoc, Dolores Padierna.

INHABILITACIONES ELECTORERAS.

La Secretaría de la Contraloría General de la Federación se creó para que en la práctica propiciara la institucionalización de la aplicación de sanciones por indisciplinas políticas, vocación ajena al compromiso gubernamental de Miguel de la Madrid de impulsar “La Renovación Moral de la Sociedad”. Desde esa época las revisiones exhaustivas a las cuentas públicas se aplican únicamente a quienes se les debe sancionar alguna indisciplina política, o cuando por esa vía se le puede eliminar de una contienda electoral en la que puede obtener mayores simpatías a las de quien logra desplazarlo de la contienda.

Roberto Madrazo logró dejar fuera de la candidatura presidencial a Arturo Montiel en 2005 luego de que documentaron y exhibieron actividades “empresariales faltas de ética” de parientes y colaboradores; incluyeron el singular proceso que siguió su cambio de pareja sentimental. A Rosario Robles, desde el PAN, le provocaron su descalificación política que benefició a Andrés Manuel López Obrador, a quien posteriormente desaforaron, separaron del cargo y volvieron a instalar como jefe de gobierno, para así dejarlo fuera de la intención de ser candidato presidencial.

López Obrador decía “a mí que me den por muerto” cuando enfrentó el juicio por un conflicto en una obra pública y en la contienda de 2006 tuvo documentados 500 mil votos menos que Felipe Calderón. Rl tabasqueño se declaró con un grupo de seguidores “Presidente Legítimo”. Durante su gobierno impulsó a Marcelo Ebrard, primero, como secretario de Seguridad Pública. El gobierno federal intervino para que fuera separado de aquel cargo, y lo envió como secretario de Desarrollo Social. Desde ahí fue candidato a jefe de gobierno. Hoy Ebrard y López Obrador buscan la candidatura presidencial por el PRD, PT y Convergencia.

Andrés Manuel López Obrador enfrentó la exhibición de unos videos que mostraban al secretario de Finanzas de su gobierno, Gustavo Ponce, mientras jugaba en una mesa de un hotel en Las Vegas. El funcionario fue consignado y aprehendido por las autoridades. El jefe de gobierno aseguró que era una estrategia para desacreditarlo. En el 2004, la PGR a petición del Poder Judicial solicitó su desafuero a consecuencia de un conflicto legal por el predio El Encino, en un caso que exhibe la posibilidad gubernamental de cometer todo tipo de irregularidades para manipular la acción de la justicia. Estuvieron involucrados en el proceso el gobierno del DF, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional. Al final del mismo, López Obrador recuperó todos sus derechos políticos y se reintegró al gobierno capitalino para desde ahí solicitar licencia y ser candidato presidencial.

TRANSPARENCIA CON VISIÓN DE ÉTICA

La diputada del PRD, Esthela Damián Peralta, es presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; publicó el ensayo “Transparencia y rendición de cuentas, fiscalización con visión de ética” donde analiza las estadísticas de competitividad global de 2010 del Foro Económico Mundial, en el que México ocupa el lugar 66 de 139 países involucrados y se ubica al país en un rango de 4.19 en una escala del 1 al 7. El indicador de competitividad global se integra por 12 factores evaluados en tres subíndices que son los siguientes: requerimientos básicos, eficiencia económica e innovación. A México lo ubican en el lugar 120 en eficiencia en el mercado de trabajo; en el 96, en eficiencia de mercado de bienes y desarrollo financiero; en el 106, en instituciones; en el 78, en innovación, y en el 79, en educación superior. En confianza pública de políticos es el lugar 94; en pagos irregulares y sobornos, en el 91; en derroche de gastos por el gobierno, en el 81; en transparencia de formulación de la política por parte de un partido en el gobierno es la posición 79. Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Chile tuvieron una evaluación superior. La mejoría de Chile considera la madurez de su clase política por emprender reformas dejando atrás intereses partidistas y dogmas.

En cuanto a la fiscalización, señala que el artículo 74 de la Constitución advierte que la fiscalización superior es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que se ejerce a través de la Auditoría Superior de la Federación, y en el artículo 79 se le reconoce su autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

También reconoce que la opacidad en el manejo de los recursos públicos lleva a los gobernantes al desorden, al desvío y al uso ineficiente de los mismos y aumenta las desigualdades sociales, pues impide que el Estado cumpla su papel como impulsor de la justa retribución de los bienes, del progreso y del crecimiento, y señala que un verdadero esquema de rendición de cuentas tiene tres dimensiones:

La obligación de los servidores públicos de informar sus decisiones, la obligación de dichos servidores públicos de justificarlas frente a los gobernados y la posibilidad de la sanción por violación a sus deberes públicos.

Propone una iniciativa para desarrollar un Sistema Integral de Auditoría que permita comparar los resultados obtenidos, que éstos sirvan de guía para futuras revisiones para evitar la duplicidad de trabajo, para conocer el impacto en las políticas públicas establecidas y su efecto en los entes auditados no solo en el ámbito federal sino en el de las entidades, municipios; una mayor transparencia en la descentralización de los recursos federales, impulsar acciones tendientes a combatir las ineficiencias presupuestales como los subejercicios y la falta de calendarización de los recursos públicos, aumentar la colaboración entre la ASF (Auditoría Superior de Fiscalización)y las entidades de fiscalización superior estatales, delimitar claramente el alcance de las facultades de la ASF en la aplicación de sanciones a servidores públicos y modernizar administrativa, tecnológica y humanamente el proceso de rendición de cuentas en el país.

Que la ASF pueda fiscalizar partidos políticos y sindicatos de dependencias, entidades, organismos públicos, Poderes de la unión, entes autónomos, mandatos, fondos o fideicomisos públicos y privados cuando hayan recibido por cualquier título recursos federales.

IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA

El 24 de agosto, en la Universidad Iberoamericana, el coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, aseguró que el problema más grave que enfrentan los derechos humanos es la institucionalización de la impunidad. En este sentido sostuvo que el 2010 fue un año de promesas incumplidas debido a que el gobierno mexicano no ha concretado las acciones a las que se comprometió en pro de derechos humanos.

Entre los grandes temas pendientes que debe resolver en materia de derechos humanos, figura la pobreza. También denunció que México no ha dado respuesta a las cinco sentencias condenatorias que emitió en contra del país, por igual número de casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Subrayó que los 15 mil muertos en la guerra contra la delincuencia organizada, así como la muerte de periodistas y la violencia contra mujeres indígenas revelan una situación crítica. Por eso, afirmó que la guerra contra la delincuencia organizada ha fracasado y consideró que esta política del gobierno mexicano es equivocada, ya que no garantiza el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Esta perspectiva advierte que la imagen nacional en los foros internacionales es poco confiable y que fuera de las fronteras la clase política es poco confiable para el establecimiento de acuerdos y proyectos.

LAS DESCALIFICACIONES EN MORELOS

La intención de “los estrategas” que colaboran en los proyectos para impulsar las candidaturas de diversos personajes en todos los partidos políticos, están institucionalizando las descalificaciones de los adversarios. Por ello hay que revisar el caso del ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Oswaldo Castañeda, quien fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de cinco años. En los medios de comunicación se establecen como razones para dejar el cargo un incidente de tránsito en el que participó un miembro de su familia y un procedimiento administrativo durante la revisión de las cuentas públicas de esa dependencia.

Castañeda Barrera pertenece al equipo cercano del senador Adrián Rivera Pérez desde que el también precandidato a la gubernatura era presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de 1996 al 2000. Cuando ganaron en la elección intermedia la capital del estado y posteriormente la gubernatura, participó en todas las elecciones. Logró construir una relación laboral con la aspirante a la candidatura presidencial, Josefina Vázquez Mota.

Desde 2009, luego de conocer el resultado electoral adverso para su partido, trascendió su intención de buscar desde la delegación de la Sedesol la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca, donde fue regidor en el trienio en el que el presidente municipal fue Adrián Rivera. Entre los propios panistas se afirma que estaba enfrentado desde hace meses con otros representantes federales también de filiación panista que además buscan la nominación desde su partido para la alcaldía capitalina.

Por ello recurrieron a asuntos personales que han dimensionado no solo en medios de comunicación, sino también en las oficinas del CEN del PAN y las centrales de la Sedesol y finalmente en la Secretaría Federal de la Función Pública. Con ello, se eliminó a uno de los aspirantes a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Acción Nacional.

En el PAN han considerado la tradición de que “la ropa sucia se lava en casa”. Los conflictos internos no trascendían fuera de la organización. Son pocos los actos de indisciplina que aparecen en la hemeroteca. A partir de la elección de 2006, esto cambió cuando dicho partido hizo suya la tradición priista de descalificar al antecesor. La persecución de funcionarios del gabinete anterior recordó las acciones emprendidas contra los ex colaboradores de Antonio Riva Palacio al inicio de la administración de Jorge Carrillo Olea por supuestos malos manejos de diversos fondos y fideicomisos. En 1997 muchos priistas ya no confiaron en ese gobierno y en ese mismo año votaron por otras opciones. En 2009, los panistas que ya no confiaron en la estructura que agredió maestros, persiguió funcionarios y provocó la división al interior de la organización tampoco votaron por su partido. Fueron una razón por la cual el PRI logró reunir la mayoría de los sufragios en los cinco distritos federales electorales.

Éste es el principio de un proceso intenso de descalificación que puede involucrar a los aspirantes con mayores posibilidades para el gobierno del estado y para las alcaldías más importantes. Desde los partidos los aspirantes buscan obtener las posiciones donde se tiene acceso al mayor presupuesto, y es en ese espacio donde las descalificaciones, aprovechando las lagunas jurídicas en las leyes de transparencia, son aprovechadas. Difícilmente alguno de los denunciados tendrá una sentencia mayor a la inhabilitación. La intención de quien denuncia y de quien ordena que se siga la denuncia es impedir la participación del acusado.

La inhabilitación de Oswaldo Castañeda debilita al grupo panista que encabeza el senador Adrián Rivera. Aparentemente fortalece a la estructura blanquiazul que ha estado al frente del gobierno en el último trienio. Lo que expondrá el 2012 es si esas decisiones provocaron la reconciliación de los priistas o se convirtió en una razón de peso para apoyar otras propuestas.

En el PAN el candidato “natural” es Adrián Rivera. Panistas y perredistas han expuesto los temas que han considerado que pueden provocar la pérdida de simpatía electoral. Entre ellos destacan los conflictos que enfrentó como presidente municipal de Cuernavaca. En el PRD el candidato “natural” es el senador Graco Ramírez. Son los propios perredistas morelenses, entre los que sobresale el primer líder de esa organización, Juan Ignacio Suárez Huape, quienes resaltan lo que consideran lo hace perder intenciones de voto. En el Partido Revolucionario Institucional el candidato “natural” ha sido el presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós. Los propios priistas han apoyado un importante número de señalamientos contra el abanderado que triunfó con el mayor margen en 2009.

El proceso de intención de inhabilitar a candidatos “naturales” para que no puedan contender en la próxima elección, se incrementará en las siguientes semanas. En Morelos la elección es concurrente. Por ello los comités nacionales pondrán especial atención. En 2000 y 2006 los conflictos al interior del CEN del PRI dejaron a los priistas locales al margen de apoyos y correcciones nacionales. Los resultados adversos de 1988, 2000 y 2006 han provocado una comunicación más estrecha. El CEN del PAN tiene un interés natural por conservar y recuperar Morelos, su único “bastión” en el sur del país. El CEN del PRD ha ganado aquí la elección presidencial en dos ocasiones, 1988 y 2006; fue la primera fuerza en la elección federal de 1997, pero nunca ha logrado la gubernaura. En 2006 fue la segunda fuerza. También pondrán especial atención. En 2009 fue la tercera fuerza estatal y federal.

La tradición política morelense en todos los partidos promueve más la eliminación del adversario que el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades propias. La opacidad en la transparencia genera condiciones para que las inhabilitaciones administrativas tengan un mensaje político claro, “acabar con las intenciones del destinatario de participar en la elección”+.