Entrevistada previo a la comparecencia de los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, que al igual que sus homólogos del TSJ también buscan ser ratificados, la diputada perredista manifestó que se prevé que el 29 de febrero el pleno del Congreso resuelva la ratificación o no de seis integrantes del Poder Judicial e, incluso, posiblemente se consideraría también incluir el nombramiento pendiente del magistrado que cubriría la vacante que el otrora titular del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, dejó en julio de 2010.
Respecto al escrito que el magistrado Andrés Hipólito presentó al Congreso para que los diputados consideraran en la evaluación del magistrado Valentín González García el análisis de una serie de pruebas, que supuestamente comprueban la falta de capacidad y méritos para ser ratificado, Figueroa Peralta afirmó que también hubo otro escrito presentado por abogados en el que se sugería realizar una serie de cuestionamientos a los magistrados del TSJ durante su comparecencia.
Sin embargo, por acuerdo de los integrantes de la Junta Política se determinó no incluir en el proceso de evaluación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ningún “elemento externo”.
“El escrito que recibimos del magistrado Andrés Hipólito, se comentó ya con los integrantes de la Junta y será emitida la respuesta correspondiente. Sin embargo, es necesario también señalar con mucha puntualidad que en el procedimiento de evaluación, quien emite el pronunciamiento respecto al desempeño (de los magistrados) es estrictamente el Consejo de la Judicatura y nosotros en este procedimiento de evaluación estaríamos apegándonos a lo que estrictamente señaló en su opinión el Consejo de la Judicatura”.
“Recibimos otro escrito en el que pedían que cuestionáramos diversos temas durante la comparecencia de los magistrados, pero no los tomamos en cuenta porque son elementos externos que no forman parte del proceso de evaluación”, explicó.
Asimismo, sostuvo que existen una serie de conflictos al interior del Poder Judicial que hacen necesario excluir estos elementos externos.
“Estrictamente en el Consejo de la Judicatura y en el tema del magistrado Valentín González ha habido una serie de elementos que, digamos, ponen esta evaluación en términos subjetivos. Recordemos que el magistrado José Valentín González recurrió al amparo una vez que fue destituido de su representación como consejero de la Judicatura, y en ese sentido entiendo ha habido una confrontación no sólo con el magistrado Andrés Hipólito sino con otros integrantes del Poder Judicial, que hace necesario que estén al margen de la evaluación que debemos estrictamente realizar al interior de la Junta Política y ceñirnos exclusivamente a los parámetros de eficiencia en un momento dado de las resoluciones que se han emitido, cuántas ha sido recurridas, cuántas han sido confirmadas y cuántas han sido revocadas”, sostuvo.
En el caso de los magistrados del TCA, la legisladora detalló que también serán evaluados objetivamente pero en este caso se incluirán algunos elementos, como requerir informes de autoridad para saber si los magistrados enfrentan algún proceso penal, civil o administrativo derivado de su ejercicio jurisdiccional, o algún tipo de investigación que estuviera pendiente o que hubiera arrojado un resultado negativo que pudiera influir en la evaluación. Incluso, no descartó la posibilidad de considerar la revisión aleatoria de algunos expedientes.
