Felipe Jasso Escobar, quien a partir de hoy asume la presidencia de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, expresó su indignación por la forma en que los diputados realizaron el proceso de designación de tres nuevos magistrados, en el que prevalecieron intereses de partido y se desestimaron méritos, experiencia y carrera judicial de muchos participantes.
Tras el nombramiento como magistrados de Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde y Bertha Rendón Montealegre, como posiciones del PAN, PRI y PRD, el líder barrista llamó a jueces y abogados que participaron en el concurso de oposición a promover juicios de amparo para efecto de buscar la nulidad del proceso.
Dijo que todos los participantes están en la posibilidad de promover juicios de garantías, “que estamos convencidos de que pueden prosperar porque el Congreso… desgraciadamente el Congreso no supo cómo hacer la convocatoria, que es lo que siempre hemos alegado y verdaderamente esto es una cuestión insoportable”.
Consideró que existen elementos de fondo para que procedan los amparos para efecto de que se nulifique la convocatoria, e indicó que uno de los participantes promovió ya el primer el juicio de garantías.
Expresó que las agrupaciones de abogados analizarán si toman algún tipo de acciones por la designación de los nuevos magistrados y en su momento, con la nueva legislatura, propondrán hacer reformas legales para frenar los abusos en que ha incurrido el Congreso en la designación de integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, sostuvo que el Consejo de la Judicatura tendrá que analizar y tomar decisiones inmediatas respecto a dónde se instalarán los nuevos magistrados, en virtud de que no hay ni infraestructura ni recursos para el pago de salarios.
“Vamos a tener que tomar decisiones, el Consejo de la Judicatura tendrá que tomar las decisiones adecuadas y correspondientes precisamente a la ubicación física y material de las instalaciones para los magistrados designados”, afirmó la representante del Poder Judicial, en virtud de que el Congreso determinó que los nuevos juzgadores entrarán en funciones el 1 de agosto próximo y no el 1 de enero de 2013 como se había planteado inicialmente.
Expresó que el Poder Judicial tendrá que solicitar de inmediato una ampliación presupuestal para hacer frente al pago de salarios, equipamiento y desarrollo de infraestructura.
Estimó que el TSJ aproximadamente necesitaría entre 25 y 30 millones de pesos y en virtud de la premura se harán los preparativos para que los nuevos magistrados estén en condiciones óptimas una vez que entren en funciones.
